Atoran reformas sobre desaparición forzada

Con más de 10 mil personas desaparecidas, Jalisco arrastra un rezago de más de dos años en la aprobación de las leyes para reforzar los trabajos de prevención, búsqueda y sanción de este tipo de delitos.

El asunto no ha prosperado en el Congreso del Estado, y eso que fue heredado de la Legislatura local anterior a la actual. Y con casi dos años en el cargo, actualizar el marco legal para la atención de la problemática de las desapariciones forzadas y la atención a las víctimas no ha sido una prioridad para los diputados.

Esto es todo lo que ha transcurrido sin que las leyes locales se hayan adecuado a las federales, lo que impide formalmente que las autoridades en Jalisco atiendan esta realidad como es debido.

Dos años sin acciones concretas

• Plazo vencido. La armonización de las leyes estatales con la Ley General en Materia de Desaparición debió estar aprobada desde julio de 2018, pero los diputados locales incumplieron el plazo.
• Los ignoran. Los legisladores intentaron aprobar un proyecto de reformas, pero éste generó inconformidad entre víctimas, familiares y activistas porque éstos no fueron consultados.
• Nuevas iniciativas. Luego de anunciar una estrategia “integral” para la atención de víctimas de desaparición (en octubre del año pasado), el gobernador de Jalisco presentó iniciativas de leyes sobre Declaración Especial de Ausencia, la Ley de Atención a Víctimas y la iniciativa de Ley de Personas Desaparecidas.
• Interviene la ONU. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propuso que se dé autonomía la Comisión de Búsqueda e incluir a familiares y colectivos en todo el proceso.
• Figuras obsoletas. Familiares y especialistas solicitaron eliminar la figura de “persona no localizada” y que se les consideren personas desaparecidas. También instituir las responsabilidades de las autoridades municipales.
• El fondo que no fue. Se planteó crear un fondo especial para búsqueda, reforzar el interés superior de la infancia ante el incremento en la desaparición de jóvenes y vincular las herramientas con las alertas de género.
• Exigencias de colectivos. Otras peticiones que hicieron los colectivos fueron incorporar la búsqueda inmediata (no después de 72 horas) y garantías de cumplimiento. Además, la creación de un Consejo Ciudadano como órgano de consulta.
• Otra comisión especial. Tras la inconformidad de las familias, diputados conformaron una subcomisión especial para tratar de destrabar el tema y aprobar el paquete de reformas este año.
• Récord en fosas. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) ubicó a Jalisco como la Entidad del país con más cuerpos localizados en fosas clandestinas.

CASO GIOVANNI

Reprueban arrestos cometidos por el personal de Fiscalía

La manifestación del 5 de junio, tras la muerte del joven Giovanni López a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, ventiló una serie de irregularidades en el actuar del personal operativo de la Fiscalía del Estado que derivó en el arresto arbitrario de jóvenes que intentaron protestar a las afueras del edificio sede de esa dependencia.

Los funcionarios fueron captados a bordo de vehículos no rotulados, armados con palos y sin llevar identificación alguna, amedrentando a los ciudadanos que se acercaban con pancartas al edificio ubicado en la Zona Industrial de Guadalajara.

Según los testimonios recabados por algunos de los detenidos, éstos fueron ingresados a “jaulas” que hay en el interior de la Fiscalía, o bien llevados a puntos distantes de la ciudad para dejarlos allí y evitar que se manifestaran, como sí sucedió un día antes en el Centro tapatío.

Esos eventos fueron calificados por el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, como “ilegales y arbitrarios”. Los jóvenes, además, fueron despojados de sus teléfonos y amenazados.

“Las detenciones fuera de protocolo y causa legal pueden calificarse como desapariciones forzadas al no tener información de su paradero (de los detenidos)”.

Como medida cautelar, la Comisión pidió al Gobierno del Estado y las instituciones de seguridad, como la Fiscalía, entablar una mesa de diálogo con los familiares de las víctimas, asociaciones civiles, representantes de estudiantes y ciudadanía, con el fin de atender las exigencias a las protestas.

• La Fiscalía procesa 14 fosas clandestinas en pandemia

JL

Temas

• Desapariciones en Jalisco
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• Congreso de Jalisco
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• Fiscalía de Jalisco (FGE)

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