Cinco militares retirados del Ejército de Guatemala serán sentados mañana en el banquillo de los acusados por la desaparición del menor Marco Antonio Molina Theissen, y por la violación de su hermana Emma en 1981.Se trata de los generales Manuel Benedicto Lucas García, quien perteneció al Estado Mayor del Ejército entre 1981 y 1982; y Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar.También enfrentarán a la justicia el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, quien fue comandante de la base militar de Quetzaltenango, donde estuvo secuestrada Emma.Además, el coronel Edilberto Letona Linares, quien fue subcomandante de esa misma base castrense; y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, ex S2 del Estado Mayor.Los militares retirados fueron arrestados en enero de 2016 por la captura, tortura y violación de Emma Molina, el 27 de septiembre de 1981 cuando se dirigía de Quetzaltenango a la capital.La mujer fue llevada a la base militar de ese departamento donde fue torturada y violada, pero logró escaparse de ese cuartel.Sin embargo, en represalia por su fuga, los militares secuestraron en la capital el 6 de octubre de 1981 a su hermano Marco Antonio, de 14 años, quien hasta ahora sigue desaparecido.El caso de este menor desaparecido durante el conflicto armado interno (1960-1996) es el primero que llega a un juicio en Guatemala.La familia espera que los militares retirados sean sentenciados y que el juicio permita que les entregue los restos del menor.Sobre este caso también se pronunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que en un comunicado exigió que "Guatemala haga justicia y acerque la verdad a la familia" y a la sociedad sobre un caso que se remonta 37 años atrás y que ha sido posible gracias a la "lucha incansable" de los familiares.En su nota, recuerda que "todos estos años han estado marcados por amenazas, hostigamiento, campañas de odio y estrategias dilatorias, por lo que el debate de fondo constituye un paso enorme".En el 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó la responsabilidad internacional del Estado guatemalteco por la desaparición forzada de Marco Antonio y en su sentencia de reparaciones ordenó que se llevara adelante un proceso para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables.Como representante de la familia en el proceso ante el Sistema Interamericano, el CEJIL exhortó al Estado a que garantice las condiciones para que el proceso se adelante "ajustado a derecho, en un ambiente seguro para todas las personas involucradas y que no resulte revictimizante para la familia"."Conocer la verdad es un derecho no solo de la familia, sino de la sociedad guatemalteca en su conjunto y es condición para la construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de la convivencia democrática", concluyó.También el titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, pidió que se garantice el derecho a la información e instó a la población a estar atentos y denunciar cualquier situación que represente "regresión para los derechos humanos".SA
