El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) aseguró hoy que la represión contra los manifestantes que se oponen al gobierno del presidente Daniel Ortega ha evolucionado para desmontar las acciones de resistencia con mayor número de muertos y detenidos. La denuncia del organismo sobre la situación en Nicaragua fue publicada al mismo tiempo que la Iglesia católica advirtió al gobierno que la paz social "no se impone a fuerza de balas", y mientras el Ejército se pronunciaba a favor del diálogo. En su quinto informe sobre la crisis, el CENIDH dio cuenta de los hechos de represión y de violencia perpetrados por el gobierno de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, a través de acciones ejecutadas por fuerzas policiales y paramilitares con armas de alto calibre, del 14 al 25 de julio pasado. Resaltó que al cierre del informe se desarrollaba una de las mayores persecuciones en la historia del país contra la población civil, "una verdadera cacería de manifestantes", "una violencia de Estado que tiene por objetivo desmontar las acciones de resistencia". También busca "provocar el mayor número de muertos, capturar al mayor número de personas con participación directa e indirecta en las protestas y someter a las poblaciones de los territorios ocupados por estas fuerzas represivas a verdaderos estados de sitio", añadió. Con esta estrategia, dijo, el gobierno pretende "la configuración de un estado en permanente intimidación", usando para ello, incluso el sistema de administración de justicia, que "se ha prestado a criminalizar la protesta social", pues ha procesado. Además, señaló que alrededor de 400 personas permanecen detenidas en todo el país sin que hayan sido acusadas y precisó que las personas capturadas por las fuerzas paramilitares han aparecido en las delegaciones policiales y centros de detención como El Chipote. El organismo de derechos humanos indicó que tiene registro de 33 muertes derivadas de la represión durante el periodo referido, las cuales se suman a un total de 302 víctimas mortales que ya se habían registrado desde el pasado 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el gobierno. Describió como "operaciones limpieza" las ocurridas en la Iglesia de la Divina Misericordia, en Managua, el pasado 13 de julio; la incursión armada contra campesinos que habían abandonado el tranque en el Empalme de Lóvago al día siguiente; y el ataque indiscriminado al barrio indígena de Monimbó, en Masaya. Los datos del informe son resultado de denuncias de familiares y de las propias víctimas de la represión y la violencia, las visitas realizadas al lugar de los hechos por los equipos del CENIDH, así como aquellas provenientes de enlaces en distintos puntos del país y de los medios de comunicación nacionales. En este contexto denunciado por el CENIDH, el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, monseñor Silvio Báez, criticó la "criminalización" del derecho a protestar en Nicaragua y tratar a los manifestantes como "terroristas", pues así están siendo inculpadas las personas detenidas. Sin embargo, "la paz social no se impone a fuerza de balas, de intimidación, de encarcelamientos y procesos judiciales injustos", aseveró el obispo al reaccionar a las declaraciones de Ortega, quien dijo que las acciones de los manifestantes son similares a las del grupo yihadista Estado Islámico (EI) y debían ser tratados igual. El jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, reconoció la grave situación en el país y afirmó que la solución a la actual crisis llegará a través del diálogo nacional, aunque advirtió que "todos los responsables de los hechos de violencia deben ser castigados". La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) responsabilizan al gobierno de "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", pero Ortega lo niega. Las protestas contra Ortega se originaron por los planes de gobierno de reformar al sistema de seguridad social, pero se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.JA
