Perú podrá usar en su defensa la declaración de culpabilidad de pagos ilícitos hecha por Odebrecht en la obra del Gasoducto Sur, por cuya cancelación la constructora demandó a ese país ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (BM) por mil 200 millones de dólares, informó el fiscal, Rafael Vela.“No solo la declaratoria de culpabilidad de Odebrecht sino también la de los aspirantes a colaborador eficaz Graña y Montero (empresa que fue parte del consorcio Gasoducto Sur), así como las de José y Hernando Graña (ex directivos de Graña y Montero), quienes se han declarado culpables en el caso”, señaló Vela, fiscal coordinador del equipo especial de la investigación Lava Jato.La solicitud, interpuesta por la subsidiaria Odebrecht Latinvest, constituida en Luxemburgo, exige a Perú dicha indemnización porque, según la empresa, al caducar el contrato para la realización del proyecto del Gasoducto Sur (GSP), el Estado peruano “violó sus obligaciones fijadas en el tratado bilateral de inversión vigente con la Unión Económica Belga-Luxemburguesa”.El GSP, el mayor proyecto de masificación de gas natural en Perú, contempla la implementación de mil kilómetros de tuberías que deben partir del yacimiento de Camisea, en la selva del Cusco, hasta la costa del Pacífico.El proyecto fue adjudicado en junio de 2014, durante el Gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), por más de siete mil millones de dólares a un consorcio conformado por Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero, en una licitación que fue investigada porque hubo un solo postor en lista, tras haberse descalificado a su único rival en medio de acusaciones de irregularidades.Sin embargo, a finales de enero de 2017 el Estado peruano canceló el contrato que mantenía con el consorcio liderado por Odebrecht y le impuso una multa millonaria por incumplimiento, debido a que no logró la financiación necesaria para terminar la obra, paralizada en medio de la revelación del mayor escándalo de corrupción continental conocido como Lava Jato.En 2019, la empresa brasileña reconoció “pagos ilícitos” para adjudicarse el proyecto GSP, según reveló entonces el fiscal Vela.JL
