El pasado viernes 22 de mayo las y los jaliscienses nos fuimos a dormir sabiendo que nuestra deuda se incrementará seis mil 200 millones de pesos, más intereses. El aval del Congreso del Estado a la petición que surgió del Ejecutivo, respaldada convenientemente en la Mesa Ampliada para la Reactivación Económica, era previsible. Pese a la negativa de las fracciones de Morena (con excepción de la tristemente célebre diputada Patricia Meza) y del PRI, no sería suficiente para rechazar la solicitud del crédito. A nadie debería sorprender el espectáculo que ofrecieron las y los diputados, estuvieron a la altura de sus predecesores. Porque no sé usted, querida lectora, lector, pero yo sí recuerdo que llevamos ya varias legislaturas compitiendo por el premio a la más ignominiosa. Ahora nos corresponde vigilar muy de cerca que el ejercicio de esos recursos sea lo más transparente posible. Pero lo que ocurrió en el recinto legislativo no fue el único acto vergonzoso del que tuvimos conocimiento el pasado viernes. En el Reclusorio de Sentenciados en Puente Grande, ocho personas internas fueron asesinadas y ocho resultaron lesionadas tras una disputa que incluyó un tiroteo. De acuerdo con el director de Reinserción Social, José Antonio Pérez Juárez, los hechos violentos no fueron a causa de un intento de motín, sino por conflictos entre dos grupos de reos. Y cito textualmente, “nunca existió, en su inicio, ni siquiera una riña o contienda entre internos. No tuvimos ni un vidrio roto, ni un daño al interior del Centro de Sentenciados”. Como resultado de la intervención de las autoridades, fueron aseguradas dos armas de fuego y un explosivo casero. Los primeros reportes de que algo ocurría en el reclusorio de Puente Grande llegaron aproximadamente al medio día del viernes, y como ya es costumbre, la información oficial llegó hasta varias horas después. Mientras tanto, la desesperación e incertidumbre se adueñaba de las familias de los reclusos, que al enterarse que algo sucedía, hicieron guardia afuera del inmueble. El discurso triunfalista de Pérez Juárez contrastó con las dudas de las familias pero también de los medios de comunicación, cuestionamientos que prevalecen a pesar de haber transcurrido los días. ¿Quién o quiénes permitieron el ingreso de armas al reclusorio? ¿Qué se ha hecho en esta administración para acabar con el control que mantienen los grupos criminales? ¿Existe verdaderamente una política de reinserción social?, entre otras.La ausencia y el silencio del gobernador Enrique Alfaro ante estos hechos mantiene el discurso entre líneas de que unas vidas valen más que otras. La refundación de Jalisco tendrá que basarse en el irrestricto respeto y garantía de los derechos humanos de todas y de todos, sin importar que sean personas en prisión.
