Hace algunos años que, a base de denuncias públicas y trabajos periodísticos, se señalaban los altos niveles de corrupción que se registran en las cárceles estatales del núcleo penitenciario de Puente Grande, por el autogobierno delincuencial que las ha controlado por años y que habrá que ver hasta qué grado persiste en la actualidad. Un alto jefe policial me confesó, desconcertado e irritado, su impotencia para controlar el uso de los inhibidores de señal y poner fin así, además de la ola de extorsiones que se empezaban a cometer contra la población desde las prisiones, a la comunicación hacia el exterior, con la que líderes delincuenciales detenidos siguen orquestando a sus bandas en sus distintas actividades delictivas.“Más tardo en apenas salir a la carretera libre a Zapotlanejo, luego de supervisar y dejar encendidos todos los inhibidores de señal en los distintos centros penitenciarios para que nadie pueda hacer uso de los teléfonos celulares que introducen de forma irregular, cuando nuevamente dejan de funcionar”, me admitió en un claro reconocimiento al poderoso y gran entramado de corrupción y complicidades de gobierno que permiten hacer de las prisiones, con las extorsiones y otros abusos con las personas privadas de su libertad, una fuente inagotable de recursos que fortalece a los grupos delincuenciales.Por todos estos antecedentes, no es un asunto menor el anuncio hecho la semana pasada por el gobernador Pablo Lemus, en el sentido de que serán renovados todos los inhibidores de señal, luego de que los nuevos mandos de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DGPyRS) detectaron, en apenas un mes de iniciada su administración, que se han registrado extorsiones telefónicas desde el interior de las cárceles de Puente Grande.Para acabar con esta actividad delincuencial, que es toda una industria ilegal que les deja jugosas ganancias, además de renovar los inhibidores y encargárselos a funcionarios que no sean parte de esta trama corrupta, deberán también investigar si siguen funcionado o no los llamados “cuartos de las tías”, que no son otra cosa que una especie de “call center” que tienen dentro de las distintas cárceles, en los que operan teléfonos fijos desde dónde los internos cooptados por las mafias llaman al azar a familias haciéndose pasar por sus “sobrinos” para que les depositen dinero, o en el peor de los casos, extorsionarlas por el secuestro de algún ser querido al que engañaron de tener cautivo a alguno de los suyos.El anuncio del tema de los inhibidores de señal parece consolidar el golpe de timón que el Gobierno de Lemus quiere dar en materia de política penitenciaria, y que inició con un operativo de revisión de las celdas que no se hizo en todo el sexenio anterior.De lograr con estas acciones combatir y erradicar las extorsiones desde estas cárceles, el gobierno de Lemus podría estar dando también un gran paso para recuperar la seguridad en el Estado, retomando el control de las prisiones en Puente Grande.jbarrera4r@gmail.com
