Casi nadie repara en esto: la reforma judicial es una bomba para los poderes judiciales locales. Estos concentran la mayor corrupción, rezago, nepotismo, tráfico de influencias y control político de gobernadores y partidos. ¿Un ejemplo? El Poder Judicial de Jalisco. Con 3.3 mil millones de pesos (MDP) de presupuesto para este año -poco más de los 2.9 mil MDP asignados a la Fiscalía del Estado- es uno de cinco poderes judiciales más caros del país, pero uno de los más ineficientes. Ocupa el lugar 21 a nivel nacional en casos resueltos, pues concluye sólo del 51%, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2023 del INEGI. En un año ingresaron 133 mil 87 casos, pero sólo concluyeron 68 mil 438. El rezago crece a doble dígito cada año. Los primeros lugares nos llevan de calle. Nuevo León resuelve el 95% de casos; Campeche, el 94%; Baja California, el 91%; Yucatán, el 89%; Sinaloa, el 79%. ¿Le sigo? Ahora hablemos de sentencias. El Poder Judicial de Jalisco sólo emitió 306 sentencias el año del estudio. Esto lo coloca en el lugar 19 a nivel nacional en baja eficiencia. Las entidades con más sentencias son Ciudad de México (9 mil 315); Estado de México (7 mil 723); Sonora (3 mil 291). ¿Cómo diablos llegamos a una eficiencia tan baja en Jalisco? Por eso no hay sentencias por desapariciones, tortura y trata de personas. Investigaciones periodísticas de El Informador y Mural han revelado en los últimos años que el Poder Judicial de Jalisco opera como una “gran familia”. De 33 magistrados, 15 confirmaron que tienen a familiares en la nómina. Hace cuatro años, un reportaje detectó 45 empleados de primer y segundo nivel con vínculos familiares con magistrados y jueces. Sus sueldos iban de los 40 a los 97 mil pesos mensuales. También había en la nómina 20 hijos de ex magistrados. ¿Cuál carrera judicial? En la nómina aún aparece Yanet Arcelia Villaseñor García, titular de la dirección de Contraloría, Auditoría Interna y Control Patrimonial del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco. Cobra un sueldo mensual que ronda los 100 mil pesos. Su área se encarga de investigar nepotismo por contratación de familiares. Pero ella misma es hija de la magistrada Arcelia García Cásares. Si a esto sumamos la repartición de “cuotas y cuates” a lo largo del sexenio para cooptar magistrados, jueces y consejeros de la judicatura a favor del partido en el poder, ¿qué queda para defender del Poder Judicial de Jalisco? Ayer realizaron en Guadalajara el segundo diálogo nacional sobre la reforma judicial. Hay que poner atención a la justicia local. Ahí está la mayor podredumbre.jonathan.lomeli@informador.com.mx
