Santiago Nieto, quizás involuntariamente, es un genio de la distracción. Habló pública, aunque indirectamente, de la investigación en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales contra Emilio Lozoya, el ex director de Pemex, a quien denunció el PRD de haber recibido dinero de Odebrecht para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, por lo que lo cesaron. Este detonó un escándalo, y al unísono fuerzas políticas y sociales gritaron que el gobierno, para impedir que profundizara en sus pesquisas, lo defenestró. Abusados. Lo que hizo Nieto es mucho más grave de lo que ven, pero al mismo tiempo, no están viendo. Su destitución se debió a que violó el debido proceso, por lo cual, aún si fuera repuesto en el cargo, muy probablemente la defensa de Lozoya podría alegar ante el juez que violaron sus derechos humanos, por lo cual se violentó el debido proceso. Como sucedió con Florence Cassez, el delito de secuestro y delincuencia organizada quedó de lado ante la Suprema Corte de Justicia, frente al hecho que violaron sus derechos. El garantismo se aplica a tabla rasa. Lo que fue para Cassez, también tiene que ser para Lozoya, por lo cual, Nieto habría rescatado a Lozoya de una eventual cárcel por un delito electoral, al haber prostituido el caso. El garantismo de la Corte tendría que ser aplicado por cualquier juez, no como prueba de inocencia, sino porque la posibilidad de que fuera juzgado de manera justa, fue socavada por el ex fiscal. En este caso, como deslizó el periodista Rafael Cardona en Foro TV, Lozoya tendrá que comprarle al ex fiscal electoral un Pétrus, ese vino de Burdeos que se encuentra entre los más finos del mundo, en agradecimiento por sus buenos oficios, cualesquiera que hubiera sido la razón de ello. Con su acción ilegal, lo blindó, y Lozoya tendría que ser exonerado —si se le confirmara una ilegalidad—, si se aplica la Doctrina Zaldívar del efecto corruptor que liberó automáticamente a Cassez.Eso es la primera parte. La segunda tiene que ver con los senadores, convertidos en maestros en la simulación. Juegan con las sombras de la Cueva de Platón al salir a la defensa airada de Nieto, y exigir su restitución. Para efectos prácticos de la investigación sobre Lozoya, que regrese o no es irrelevante. Lozoya, como ya lo anunció, lo demandará por haber violado sus derechos humanos y vulnerado el debido proceso, por lo que en el eventual caso de que fuera llevado a tribunales, un juez podría determinar si al violar el principio de secrecía en la investigación, se perdió la posibilidad de un juicio justo. De esta manera, lo que hizo Nieto fue extenderle inmunidad e impunidad a Lozoya, en el caso de que fuera culpable del uso de dinero de procedencia ilícita en la campaña presidencial. En este caso, toda la agitación y movilización en defensa de Nieto se está dando para la protección de un ex funcionario que actuó exactamente en contra del postulado que dicen respaldar: la imparcialidad de las investigaciones de delitos electorales. El apoyo es para quien protegió a un eventual culpable de un delito que parece sumamente grave, canalizar dinero sucio a la campaña presidencial de Peña Nieto, cuya consecuencia, si se analiza el escenario más ominoso para el ex candidato y su partido, sería la protección del ex director de Pemex. Si uno revisa la gestión de Nieto en la fiscalía, difícilmente se le podría adjudicar el papel de títere del gobierno o del PRI. Su exceso de protagonismo e ingenuidad al desbocarse ante un micrófono, es lo que podría alegar como algunas de sus mayores debilidades. Pero aún así, si uno continúa por esta línea de pensamiento, para efectos de argumentación, en el peor de los escenarios, el efecto para Peña Nieto y el PRI sería marginal. Peña Nieto no sería destituido, ni habría acción legal. El PRI tampoco perdería el registro, como ligeramente afirmó la dirigente del PRD, Alejandra Barrales. En el mejor de los casos, para quienes buscarían una sanción por ese delito, sería una multa.El caso al que se podría asemejar este delito, de probarse, sería el del llamado Pemexgate, cuando en 2001 se probó que el sindicato petrolero desvió mil 500 millones de pesos para la campaña presidencial del Francisco Labastida en 2000. En aquél entonces, el desenlace del primer asunto de corrupción electoral fue una multa al PRI de mil millones de pesos. En 2011, un juez federal declaró prescrito el caso, por lo que tampoco procedió el delito de peculado electoral que le imputaron al líder del sindicato, Carlos Romero Deschamps, actualmente senador del PRI. La energía de los senadores de oposición está muy mal canalizada. Nieto no tendría que ser el objeto de la defensa, sino el procedimiento mediante el cual se realizó su destitución. No es la persona, sino el cargo al que hay que blindar. Pero no es lo único. En toda esta discusión se les ha olvidado el tema de fondo, la corrupción de Odebrecht a funcionarios y ex funcionarios de Pemex. Testigos de la fiscalía de Brasil han acusado a Lozoya de haberle dado sobornos millonarios por ayudarles para ganar concursos. Adicionalmente, pagó más de 10 millones de dólares a funcionarios de Pemex durante tres administraciones, entre 2011 y 2014, para asegurar que les dieran obra pública, con lo cual obtuvo un beneficio de 300 por ciento. Este es el tema de fondo oculto por participar en sus juegos pirotécnicos que sólo distraen y aplazan que esta corrupción tenga nombre y apellido.
