La primera batalla de la larga y constante guerra que el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició desde el día uno de su Gobierno, con recurrentes embestidas desde el púlpito de sus ruedas de prensa mañaneras, contra el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó ayer con la aplicación del llamado “Plan B”, que si no anula la independencia del órgano electoral como se buscaba con la reforma constitucional, sí lo deja tocado, debilitado al igual que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).Lo primero que habrá que reconocer, a pesar de los pesares, es que el PRI y su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, “Alito”, cumplieron su palabra y votaron en contra de la iniciativa del Presidente, pese a la mafiosa amenaza de reactivar el proceso de desafuero en su contra por enriquecimiento ilícito del que lo acusa la Fiscalía de Campeche, en la sección instructora de la Cámara de Diputados. Por el uso faccioso que el Gobierno de la 4T ha hecho de las instituciones de justicia contra sus adversarios, nada raro sería que el priista pague con cárcel el no haberse alineado a los designios presidenciales.El proceso como el resultado de la sesión de ayer confirman el carácter autoritario de López Obrador al someter al Poder Legislativo y ordenar que en fast-track y con todo desaseo, le aprobarán las reformas legales que mandó el martes mismo con su su secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para sí tocar al INE, un órgano electoral que, pese a su fallas, en lo general ha garantizado la alternancia política y elecciones libres, como la que llevó a la presidencia de México a AMLO.Aunque no logró su cometido de que los consejeros electorales se eligieran mediante el voto popular de una lista de 60 aspirantes propuesta desde el gobierno, los diputados y los ministros de la Corte, buscando una clara injerencia y control de sus decisiones y que era la mayor amenaza de regresión democrática para el País, sí logró compactar la estructura del INE y restarle atribuciones en materia de sanciones a los partidos políticos. Una de ellas, por ejemplo, evita que en adelante la autoridad electoral pueda retirar candidaturas. Fue clara ahí la venganza por haber cancelado la postulación a gobernador de Guerrero de Félix Salgado Macedonio.Con la iniciativa legal aprobada, se reducirán también salarios y prestaciones de las y los consejeros electorales, y se les quitarán los fideicomisos para pasar su manejo al Poder Ejecutivo, con lo que también se cumple otra de las amenazas que había lanzado el Presidente.Aunque muchas de las nuevas disposiciones seguramente serán impugnadas y litigadas en la Corte, habrá que ver si estas distracciones no vulneran al árbitro electoral y lo terminan sometiendo en detrimento de los magros avances que como País habíamos alcanzado. Eso lo sabremos con lo que ocurra en las elecciones estatales del próximo año en Coahuila y el Estado de México y en las elecciones presidenciales del 2024, pero antes en cómo se resuelva el relevo de la presidencia en la Corte y la renovación de cuatro de los once consejeros electorales a inicios del 2023.jbarrera4r@gmail.com
