La semana pasada el árbitro y la justicia electoral mexicana salieron a escena tardíamente, sin reflejos y sacando tarjetas amarillas que las y los precoces jugadores ignoraron, porque saben que muy difícilmente se atreverán a sacar una más que signifique la tarjeta roja para expulsar a alguno de los contendientes.Por un lado, las y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación autorizaron las campañas anticipadas de los aspirantes a la Presidencia, tanto de las “corcholatas” de Morena como de los suspirantes del Frente Opositor, al rechazar la propuesta de la magistrada Janine Otálora de ordenar suspender los actos proselitistas que iniciaron hace un mes los candidatos oficialistas y días después los aspirantes opositores, ya que eran claramente actos anticipados de campaña, disfrazados por un lado con la elección del “coordinador de los comités de defensa de la 4T”, y por el otro, para elegir al “responsable nacional para la construcción de un frente amplio opositor”.Antes el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Comisión de Quejas, les había permitido a las “corcholatas” seguir con las giras de cara a la encuesta interna sugiriendo que no hicieran promesas de campaña y que los eventos fueran en lugares cerrados del partido.También el Tribunal Electoral pidió al INE definir lo que pueden y no pueden hacer los aspirantes en esta etapa, mientras que el órgano electoral acordó que empezarán a supervisar contenidos y contabilizar gastos de las giras de suspirantes oficialistas y opositores.Este actuar lento, poco oportuno y condescendiente muestra el sello del nuevo INE morenizado. Ese que la mayoría oficialista y sus aliados en la Cámara de Diputados lograron imponer para sesgar hacia su lado la elección de cuatro de las y los 11 consejeros electorales que integran el Consejo General del INE, así como la presidencia. Esta captura de la 4T del órgano electoral, con Guadalupe Taddei Zavala al frente y la y los nuevos consejeros Rita Bell López Vences, Jorge Montaño Ventura y Arturo Castillo ha asomado claramente en esta falta de rigor para hacer cumplir la Ley Electoral, que marca septiembre como el inicio de los comicios y la tercera semana de noviembre para que arranquen las precampañas.Está en juego, pues, el voto de confianza al nuevo INE. La tibia salida para querer poner orden, sea simulación o no, los compromete a hacer cumplir la Ley Electoral, que simple y sencillamente señala que quien comete actos anticipados de campaña y oculte los gastos debe ser inhabilitado como candidato o candidata.Lo demás será una simulación que inhabilitaría la autoridad del INE para conducir debidamente el muy ríspido proceso electoral que se ve venir en el 2024 que estará en juego la permanencia o la expulsión del poder de la 4T. Nada menos y nada más es la gobernabilidad democrática de este país la que está en juego.
