El pasado 23 de noviembre por no cumplir con el pago de un laudo correspondiente a un juicio laboral que inició en el 2005, el presidente municipal de Tala, Antonio Casillas Díaz, fue suspendido por 15 días sin goce de sueldo por no haber acatado una resolución del Tribunal de Arbitraje y Escalafón.Este caso y los miles que hay pendientes en otros municipios y otras dependencias estatales, del Congreso y del Poder Judicial, hicieron recordar la millonaria industria ilegal de los abogados talibanes que embisten para medrar con litigios laborales y laudos artificiales que ponen en jaque los presupuestos públicos y el futuro de las empresas.Si bien hay expedientes en lo que se defienden de manera auténtica los derechos laborales de trabajadores y empleados públicos, las autoridades de todos los niveles de Gobierno y de los tres Poderes deben estar vigilantes de que sus equipos jurídicos rompan con la trama de corrupción que han mantenido los despachos de abogados en materia laboral que desvían miles de millones de pesos del erario.Pese a la temporal persecución que se dio durante el sexenio pasado, cuando el entonces Secretario del Trabajo, Eduardo Alamaguer, denunció que en el SIAPA, con la complicidad de su área jurídica con los abogados conocidos como talibanes, se estuvo a punto de pagar 35 millones de pesos a dos ex notificadores por un supuesto despido injustificado.Fue la primera vez que supimos de la colusión de malos burócratas, directores jurídicos de dependencias públicas, personal del Tribunal de Arbitraje y Escalafón y los despachos talibanes, para simular litigios laborales. Pero es claro que las corruptelas continúan.Alcaldes y alcaldesas comentan que al menos 90 por ciento de esos casos se tratan de litigios artificiales que nada tienen que ver con una auténtica defensa o denuncia de alguna violación a los derechos laborales de las y los servidores públicos.El auge de estas laudo-mafias se expresa también en el hecho de que al TAE llegan en promedio 10 al día. Y al igual que al alcalde de Tala, a los funcionarios que se niegan a pagar estos laudos laborales a todas luces ilegales, el Congreso los mandata a pagar ya que de lo contrario los sanciona y los suspende del cargo. Son cientos los que están en esta situación.Este panorama demuestra que de muy poco han servido las reformas que se hicieron en 2015 para limitar estos pagos y que bien harían en el Poder Legislativo volver a revisar el Código Penal para castigar estas simulaciones y poner límites a las indemnizaciones.La opacidad con la que manejan este tema muchos de los ayuntamientos y dependencias es otro punto que sin duda se debe revisar para que se transparenten en su totalidad el número de denuncias que enfrentan y cuántos laudos han pagado en sus administraciones.
