Al terminar su encargo como presidente de México, Andrés Manuel López Obrador quedó a deber varias promesas y compromisos con las víctimas de las múltiples violencias estatales que se registraron en México durante la Guerra Sucia. Si bien tuvo a bien crear, mediante decreto presidencial en octubre de 2021 la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEHJ), y en su interior el Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), al final no recibió personalmente ni brindó la cobertura necesaria para la presentación de los informes finales que elaboraron sus integrantes.Los cuatro integrantes de este mecanismo histórico se dividieron el trabajo. Tres integrantes del MEH, David Fernández, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart, presentaron el 16 de agosto el informe “Fue el Estado”, compuesto de nueve volúmenes. Por su parte, la doctora Eugenia Allier Montaño presentó el 10 de octubre su informe final “Verdades innegables. Por un México sin impunidad” donde abunda sobre un punto que me parece necesario destacar y entender si se quiere realmente llegar a la verdad y la justicia en este país (https://cutt.ly/4eSJ2Bnz).En el informe encabezado por la doctora Allier se subraya que los hechos represivos del periodo 1965 y 1990, conocido comúnmente como el periodo de la Guerra Sucia, no fueron hechos aislados cometidos por “malos” elementos que tomaron decisiones por su cuenta. Por el contrario, precisa que se estableció un sistema represivo contrainsurgente, coordinado integrado por las fuerzas armadas, agencias de inteligencia y represión federales como la Dirección Federal de Seguridad y la Brigada Blanca, las policías estatales y grupos represivos para-estatales como Los Halcones o Guardias Blancas.Así se señala en el informe “Verdades innegables”: “Entre 1965 y 1990, el Estado mexicano desplegó una violencia de carácter contrainsurgente, es decir, un conjunto de políticas, programas y acciones que tuvieron como objetivo la represión y el aniquilamiento de personas y organizaciones que actuaban políticamente en oposición al régimen o en abierta disidencia. Para ello, el Estado contó con un sistema represivo coordinado desde las instancias centrales del poder” (…) “La violencia de Estado no fue una anomalía, producto de un periodo determinado de la historia del país. Por el contrario, fue un elemento central en el proceso mismo de configuración y consolidación del régimen autoritario mexicano”.Señala el informe “Verdades innegables”: “la característica operativa de la violencia contrainsurgente fue la coordinación establecida entre fuerzas militares y dependencias civiles de seguridad y el uso de grupos ‘especiales’ legales, e ilegales, que actuaron dentro de la estructura oficial para desarticular y aniquilar a los disidentes”.Para el mantenimiento del sistema político durante la segunda mitad del siglo XX, el Estado mexicano consideró como “enemigos internos” a todas las disidencias que desde distintos sectores sociales y en distintas regiones del país reclamaban el respeto a sus derechos o la ampliación de los mismos. Se recuerda en el informe que el contexto internacional era la Guerra Fría entre la potencia capitalista y la potencia socialista. Es en ese contexto que los distintos gobiernos de Occidente establecieron políticas de contrainsurgencia para combatir al “enemigo interno”. Bajo estos criterios, los sucesivos gobiernos del periodo referido, emplearon un amplio repertorio de violencias estatales para enfrentar a distintos sectores como campesinos, estudiantiles, sindicales, populares, hasta organizaciones político-militares.Este sistema represivo contrainsurgente utilizó un amplio represivo: la detención arbitraria, la tortura física y psicológica, la desaparición forzada transitoria, la prisión por motivos políticos, la ocupación militar del territorio, la violencia y tortura sexual, la ejecución extrajudicial, las masacres, el desplazamiento forzado del territorio y el exilio.El saldo de esta política contrainsurgente fue la detención, tortura, desaparición, ejecución o exilio de miles de personas. El informe de la doctora Allier cita al menos mil 100 personas que sufrieron desaparición forzada, son personas que desde hace décadas son buscadas por sus familiares. De otro lado, el informe revela los nombres y responsabilidades de al menos 2,200 funcionarios y miembros de fuerzas armadas y policiales que fueron los perpetradores de estas violencias estatales. Mientras estos perpetradores sigan impunes, no habrá ni verdad ni justicia en este país.
