Finalmente ocurrió lo que se preveía desde hace más de un mes: que la apuesta del gobernador electo, Enrique Alfaro, para la titularidad de la nueva Fiscalía General, sería el ex procurador, ex secretario general de Gobierno, ex gobernador interino de Jalisco y ex delegado de la PGR, Gerardo Octavio Solís Gómez.Eso estaba decidido desde finales de octubre, mucho antes que el próximo mandatario estatal simulara y entregara una terna a los integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) para que se les evaluara, cuando lo que en realidad le planteaban era que las propuestas para ocupar ese cargo vinieran no de la autoridad, sino de la sociedad civil, para hacer realidad la exigencia social de tener un fiscal autónomo al Ejecutivo.Ese era uno de los 23 puntos que presentó el 17 de julio pasado el Comité Coordinador del SEA a la pasada Legislatura local, como demanda del movimiento #FiscalíaQueSirva y que respaldaban más de 50 instituciones, entre ellas cúpulas empresariales, universidades y organizaciones de la sociedad civil.Esta petición central no se logró, pero el gobernador electo empeñó su palabra de cumplir los otros 22 puntos mínimos para dar forma al nuevo modelo de la Fiscalía Autónoma, así como una agenda de trabajo para alcanzar en el futuro próximo ahora sí, su autonomía.Aunque inicialmente consideré un desacierto que el CPS del SEA se prestara a evaluar una terna cuyo ganador estaba ya definido, hoy creo que el trabajo de revisión de los planes de trabajo que hicieron de los aspirantes es un gran punto de partida para dar seguimiento a los compromisos para la mejora urgente que requiere una Fiscalía colapsada.La evaluación de las propuestas de trabajo que hicieron los integrantes del CPS, cuyos resultados se entregaron a Alfaro el pasado 20 de noviembre, se hizo a la luz de los 22 puntos mínimos planteados para una nueva Fiscalía, y lo primero que habría que decir es que ninguno, incluido el de Solís Gómez, alcanzó a cubrir plenamente con esos estándares, ni incluyen las “estrategias que hagan efectivo un cambio de paradigma en la institución de procuración de justicia en el Estado”.Por ejemplo, los evaluadores consideraron “nulos” o ausentes en las tres propuestas, temas claves como el del respeto a los Derechos Humanos, ni instrumentos o mecanismos de Contraloría Social que permitan el escrutinio y la evaluación ciudadana de la operación de la Fiscalía.Solís Gómez recibirá una Fiscalía con serias insuficiencias de recursos materiales y humanos, que se refleja en una impunidad casi absoluta y en una imparable escalada de violencia. El desafío, pues, es mucho mayor al que enfrentó hace más de una década como procurador. Ahora además tendrá que entenderse con un coordinador y relacionarse con la llamada Guardia Nacional. Pero también contará con una participación ciudadana mucho más activa que le puede significar un gran respaldo para convertirlo en el fiscal que los jaliscienses anhelan.
