La que inicia es una semana complicada para el gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su administración. Aunque ya el domingo 28 de julio dejó en sus redes sociales un mensaje en el que defiende el incremento en las tarifas del transporte público (Tren Ligero y Macrobús), y argumenta además que no permitirá manifestaciones que ataquen o dañen instalaciones públicas, eso no será suficiente ni como explicación ni como respuesta a quienes están inconformes con la medida, y que rebasan por mucho el círculo de quienes él define como sus rivales políticos.Pero además, hay otro tema candente: la seguridad.Esta vez no son las cifras de personas fallecidas en eventos violentos. No, esta vez se trata de una inconformidad sonora y sostenida por la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón, quien se ha negado desde el pasado viernes 26 de julio a firmar un convenio de colaboración para generar una figura de coordinación entre las nueve policías municipales de la Zona Conurbada de Guadalajara.La presidenta ha hecho públicas una serie de acusaciones: nunca le hicieron llegar el convenio; le están dando un trato discriminatorio y además, las cláusulas que se han difundido desde entonces no son aplicables.La suya es una auténtica e inesperada rebelión en el que parecía sólido grupo político de Movimiento Ciudadano, que ganó en las últimas elecciones la gubernatura y prácticamente todas las alcaldías importantes no solo en la ciudad, sino en el Estado de Jalisco.Nadie como María Elena Limón había levantado la voz y se había opuesto a una decisión del gobernador Alfaro Ramírez, quien ha caracterizado su liderazgo en una autoridad que la mayoría de las veces no acepta discusión.Desde el mismo día de la firma del convenio, el gobernador aseguró que la presidenta municipal “va a firmar”, pero de entonces a la fecha el tema de la tarifa del transporte y las manifestaciones han copado la agenda mediática.Sin embargo, es tiempo de que atienda, concilie y llame a quien ha sido su aliada. Si hay lagunas, reglas no claras y hasta desventajosas para el municipio de Tlaquepaque, deben subsanarse rápidamente.Es que no se trata sólo de tener una figura de policía metropolitana porque se trate de una moda, es que la situación ya es insostenible y las deficiencias son obvias desde hace años, además de las diferencias entre las policías: nada qué ver el sueldo, equipamiento, capacitación y recursos de Zapopan o Guadalajara, en comparación con las policías de los otros municipios.Además, está encima -literalmente- el compromiso de la colaboración y coordinación con las fuerzas del Gobierno estatal y sobre todo, el Ejército y la Guardia Nacional.Jalisco está entre los estados con mayor índice de homicidios, de violencia y de delitos del fuero común. Es, nada menos, el Estado donde se alberga la organización criminal más peligrosa del país.Los argumentos de la presidenta municipal son perfectamente entendibles en el contexto de la ciudad. ¿El problema es económico, político, legal? Quizá todos los puntos juntos.El gobernador Alfaro, los otros presidentes y la alcaldesa están en la obligación de atender el interés de la gente, por encima de cualquier diferencia momentánea.
