El sorpresivo aviso, amago, de la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) de que el próximo lunes regresarán a las aulas y llegado el caso combatirán legalmente las sanciones, es más que una bravata. Lo primero que salta a la vista es la toma de distancia con las políticas públicas.Podríamos pensar que en un gobierno que ha renunciado a gestionar con políticas públicas la pandemia esto era esperable, no obstante, es a todas luces un desafío a la autoridad. Segundo, no podemos obviar que la decisión se da en medio del clima de polarización del país y que, a quererlo o no, implica una toma de postura política.Resulta a todas luces contradictorio que se permita la operación de bares y antros mientras los niños siguen confinados. El regreso a clases debería ser una prioridad y claramente no lo ha sido ni a nivel nacional ni local. Eso no quiere decir que, como lo pretende la ANEP, se pueda regresar en una semana sin que ello tenga consecuencias. La irresponsabilidad de la autoridad en ciertos cosos no puede justificar la de otros.Algunas investigaciones han asociado el repunte de la epidemia en países de Europa con el regreso a clases. Niños y adolescentes se enferman menos, es cierto, dicen los estudios, pero transmiten igual. Si bien es probable que algunas escuelas particulares estén en condiciones de cumplir con todas las normas de sanidad requeridas para un regreso a las aulas (al menos cinco son las recomendadas por la organización Kidshealth: lavado de manos y limpieza de superficies frecuente, uso de cubrebocas, sana distancia entre niños, evitar mezcla de grupo, medidas de seguimiento a través de cédulas de salud) el riesgo para los maestros y padres de familia no es menor.Otro factor a considerar es la inequidad inherente a esta decisión, ya no entre escuelas públicas y privadas, sino al interior de cada comunidad educativa. Primero, en todas hay población de riesgo, sea por edad o por padecimientos crónicos como diabetes, hipertensión, afecciones pulmonares, etcétera. Cuando se trate de maestros o personal administrativo se puede resolver evitando que ellos asistan a las instalaciones, no así cuando se trata de padres de familia que tendrán que decidir correr el riesgo de enviar a sus hijos. El segundo tema de riesgo es la movilidad. No todos niños de escuelas particulares llegan a la escuela en auto particular, mucho menos los maestros; no pocos se mueven en transporte público. Abrir escuelas implica aumentar la saturación en el transporte y con ello el riesgo no sólo para padres y maestros, sino de toda la comunidad.Entendiendo el dilema, que para muchas escuelas particulares es de vida o muerte, regresar a clases en este momento no parece para nada lo más prudente.diego.petersen@informador.com.mx
