Rosendo González Torres, de 56 años, marakame (médico tradicional) de San Andrés Cohamiata, en Mezquitic, Jalisco, fue asesinado junto con su nieto de 17 años el 7 de enero de 2022. Sus cuerpos fueron encontrados en una barranca cercana a su comunidad. Rosendo González era reconocido como un defensor del territorio comunitario frente a los intentos de despojo emprendidos por empresas ganaderas y mineras. Verónica Guerrero era una abogada ambientalista que representaba al Colectivo de Vecinos Urbi Quinta, en la lucha legal contra la operación irregular del basurero de Matatlán. Fue asesinada en el Centro de Tonalá el 3 de febrero de 2022. La abogada había recibido amenazas previamente. Rosendo González y Verónica Guerrero son dos de los 24 defensores del territorio y de los derechos de la comunidad que fueron asesinados en el año 2022, de acuerdo con el “Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2022”, que publica el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). Las agresiones letales contra defensores del territorio es el último recurso en un catálogo de violencias que parten desde las intimidaciones y hostigamiento, incluyen el espionaje y la difamación y pueden llegar a la privación ilegal de la libertad, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial. La lista del Cemda incluye un listado de 23 distintos tipos de agresiones. A ese catálogo de agresiones se enfrentan quienes defienden sus territorios, ya sea un bosque, un río, una playa, o bien una colonia o un parque público. Todos los bienes comunes que están expuestos, por lo regular, a los intereses mercantiles y de valorización del territorio por empresas particulares, y en ocasiones asociados con las autoridades o el crimen organizado.Desde que Cemda lleva a cabo estos informes en 2014, 2022 es el año con más eventos de agresión. Un evento de agresión es el momento y el lugar donde ocurren las agresiones que pueden ser una o varias por ser ataques a varios defensores en un mismo episodio. El año pasado ocurrieron 582 agresiones en 197 momentos de agresión. En 2014, en el Gobierno del priista Enrique Peña Nieto, hubo 78 momentos de agresión, y en 2019, el primer año de Andrés Manuel López Obrador ocurrieron 39 episodios de agresiones, pero fueron aumentando año con año: 65 en 2020, 108 en 2021 y 197 en 2022. La agresión más constante, según Cemda, es la intimidación con 148 casos, seguido del hostigamiento con 116. Lamentablemente la violencia va en aumento con 17 homicidios, siete desapariciones, tres privaciones ilegales de la libertad, dos secuestros y dos casos de desaparición forzada. El Estado con más agresiones letales fue Guerrero, con siete defensores asesinados, seguidos de Oaxaca, Puebla y Chihuahua con tres defensores que perdieron la vida el año pasado. De acuerdo al informe de Cemda, casi la mitad de las víctimas (46.2 por ciento) son integrantes de comunidades, en su mayoría pueblos originarios como fue el caso de Rosendo González. Y la mayoría de las agresiones ocurren en contextos donde operan las empresas mineras, con casi 20 por ciento de los casos, a los que le siguen la defensa de la biodiversidad con 19.3 por ciento y forestal con 16.8 por ciento. A la cabeza de perpetradores de agresiones aparecen actores de Gobierno con 45 por ciento de los casos, seguido de delincuencia organizada con 13 por ciento. En 21 por ciento de los episodios violentos los agresores no están identificados. Lo más preocupante de todo este recuento de violencia es que se ataca justo a los sujetos que están al frente de la defensa de la casa común, las personas y comunidades que defienden los bosques, el agua, la biodiversidad que son patrimonio de todos. Como dice la canción Noches de boda de Joaquín Sabina, ser valiente para defender la casa común, no debería ser tan caro.
