El populismo del siglo XXI es, entre otras cosas, un ataque contra los expertos. La rebelión en contra de quienes tienen conocimiento hace pensar que estamos ante un movimiento anti-ilustrado por antonomasia.En muchos sentidos, este es el mayor peligro de los populismos modernos. El movimiento anti-vacunas durante la pandemia constituyó la más reciente expresión de la tendencia anti-intelectual del ascenso de algo que también podríamos denominar irracionalismos.Estos no están atados a tendencias ideológicas en particular, sino que forman parte de convicciones esenciales, tanto de las izquierdas como de las derechas autoritarias en el planeta. En nuestro país, el ataque del Presidente y su grupo contra la ciencia ha sido una constante y una característica del régimen sin la cual no se entiende su naturaleza.Ese amago también se puede apreciar en la forma en que el Gobierno federal ha tratado a los organismos autónomos, que normalmente están dirigidos por expertos en las diferentes áreas de su incumbencia. La verdad sea dicha: es imposible pensar en colocar en la misma oración la palabra Morena y la palabra Servicio Civil de Carrera. Y ese es un grave problema para el país.Lo mismo ocurre en Estados Unidos. Desde el arribo de Trump a la presidencia en 2016, se empezó a escuchar con más frecuencia el término “Deep State”, entre los intelectuales que lo apoyan. En el argot mexicano-político la frase equivaldría a “La Mafia del Poder”. En última instancia de lo que están hablando es de las burocracias modernas ilustradas que administran los aspectos más técnicos de la administración pública. Tanto los obradoristas como los trumpistas las critican supuestamente en nombre del pueblo. Para ellos se trata de élites no elegidas por la voluntad popular que, sin embargo, toman decisiones que casi nunca están en consonancia con el interés de las mayorías.En este contexto, lo que se avecina ahora en Estados Unidos es una decisión crucial que deberá tomar la Suprema Corte sobre si debe seguirse realizando la práctica de que las cortes distritales y de apelación refieran la última decisión a organismos o agencias especializadas creadas por el Congreso. Esta práctica se profundizó en 1984, con el caso Chevron vs Natural Resources Defense Council, una de los más relevantes para la vida política de Estados Unidos. A raíz de esta decisión, a las agencias ejecutivas que regulan el medio ambiente, el mercado, las finanzas y muchos aspectos de la vida de los estadounidenses les fue otorgado un gran poder de decisión.Siendo que estas agencias no forman parte del Poder Judicial, los críticos de la resolución de marras insisten que también se está violando el principio de la separación de poderes. La próxima decisión en esta materia ocurre en el momento en que una victoria de Trump no es inconcebible. Dado que el ex presidente pudo integrar a varios jueces conservadores en la Suprema Corte, las posibilidades de que Chevron vs Natural Resources Defense Council sea invalidada son muy altas.De cualquier manera, los intereses genuinos del “pueblo” no pueden estar en contraposición con el legado científico y técnico de una sociedad.
