La doctora en derecho ambiental Raquel Gutiérrez Nájera me contó que en diez años interpuso una decena de quejas contra jueces federales, pero ninguna prosperó.Las demandas individuales y colectivas de la “académica litigante” –como ella se define– combaten la depredación medioambiental detrás de la cual se esconden a menudo poderosos intereses económicos. Su comentario me hizo reflexionar.¿Qué tan eficiente es el Consejo de la Judicatura Federal para sancionar la corrupción de jueces? Pienso en temas relacionados con narcotráfico, medio ambiente, nepotismo, delitos fiscales o lavado de dinero, en donde se asienta la influencia del poder económico y político.La periodista Zorayda Gallegos respondió ayer a esa pregunta con la publicación del reportaje “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente” en Quinto Elemento Lab.El reportaje aclara que la investigación inició antes de que el Presidente propusiera la reforma judicial, lo que lo desvincula de cualquier intención política.Por medio de solicitudes de información, registros y expedientes judiciales, la periodista analizó los resultados de la Judicatura para sancionar a juzgadores durante los últimos 24 años.En 24 años, se impusieron solo 664 sanciones por faltas administrativas a 423 jueces y magistrados. De estos, solo 22 jueces y ocho magistrados fueron destituidos. El resto recibió, en su mayoría, amonestaciones públicas o privadas.Además, la Judicatura presentó 23 denuncias penales por delitos graves como lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y hostigamiento sexual, pero ninguno de los jueces involucrados fue castigado o sentenciado.¿Acaso tenemos jueces impolutos o un órgano sancionador ineficaz? El modelo zedillista fracasó. No es extraño que de diez quejas ninguna prospere.Sin embargo, el reportaje acota: “En los documentos judiciales revisados se encontraron acusaciones de empleadas que dijeron haber sufrido acoso sexual, jueces que probablemente emitieron fallos a favor de sus amigos, recibieron millonarios depósitos en sus cuentas bancarias que no pudieron explicar, o cometieron defraudación fiscal, y magistrados que liberaron a narcotraficantes o ampararon a empresarios de casinos”.La inminente reforma judicial sustituye el Consejo de la Judicatura por un Tribunal de Disciplina compuesto por cinco magistrados electos por voto popular, cuyos fallos son inatacables.El Poder Judicial de la Federación es indefendible. Ignoramos qué engendro surgirá de la reforma obradorista. Cualquier engendro es mejor, pero también puede ser peor.
