Focos rojos se encendieron en el tema de los gastos extraordinarios que el gobierno estatal está haciendo para enfrentar los efectos de la pandemia del coronavirus, luego de que ayer el laboratorio U-GOB ubicó a Jalisco en los últimos lugares del “Ranking de Portales Estatales de Salud 2020: la respuesta ante la contingencia” que mide la transparencia del ejercicio presupuestal en esta crisis sanitaria.Como lo comentamos aquí a principios de la pandemia, la emergencia pondría a prueba los niveles de transparencia y de rendición de cuentas de las autoridades federales, estatales y municipales, sobre todo porque el decreto de emergencia sanitaria emitido el 27 de marzo permitía la realización de contratos públicos por adjudicación directa de bienes y servicios para hacer frente a la contingencia.A juzgar por los resultados de este estudio, el gobierno alfarista no pasó este primer examen realizado entre el 10 y el 16 de abril. Habrá que ver si la calificación mejora ya que se haga otra revisión y se tome en cuenta el micrositio llamado Transparencia Focalizada que abrió el gobierno estatal a principios de mayo en su portal oficial para informar de los gastos hechos por el COVID-19. En aquel momento, por ejemplo, llamó mucho la atención que se hubiera gastado más en publicidad (26.4 millones de pesos) que en pruebas para detectar casos de coronavirus (23.4 millones) o que en contratación de personal médico (15.4 millones).Por lo pronto, el laboratorio U-GOB colocó a Jalisco en el lugar 27 con una calificación de 48.47 puntos, como uno de los más opacos en materia de compras por la contingencia sanitaria, muy por debajo de Guanajuato (con 71.15), Ciudad de México (con 70.90) y Michoacán (con 67.15) que resultaron los mejor evaluados. Además de la transparencia en los gastos, se calificó la usabilidad, la accesibilidad, estadísticas, datos abiertos, trámites y servicios, y atención ciudadana.Ante este panorama, adquiere una enorme relevancia la decisión de la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ), anunciada el pasado 8 de junio, de vigilar en tiempo real el gasto público por el COVID-19 y la contratación y gasto de la deuda pública por 6 mil 200 millones de pesos que pidió el gobierno estatal con el argumento de que era para cubrir los gastos realizados por la pandemia y para financiar proyectos para la reactivación económica.La ASEJ le requirió los programas y apoyos destinados para atender los efectos del coronavirus; las adquisiciones, arrendamientos, contrataciones y sus procesos de adjudicación; todo lo referente a los trámites de la deuda pública recién contratada; el gasto en las acciones de inversión en programas para la reactivación económica; así como las modificaciones y reasignaciones presupuestales que se hicieron también por la contingencia sanitaria.Luego de la evaluación de U-GOB, bien vendría un corte de caja de lo encontrado hasta hoy por la ASEJ. jbarrera4r@gmail.com
