Desde 2016, cuando estalló el conflicto por la red de corrupción que había articulado la constructora brasileña Odebrecht en 11 países latinoamericanos y un africano entre el 2005 y el 2014, y que llevó a la cárcel a ex presidentes de Brasil y Perú e incluso este año el suicidio de Alan García, ex presidente de ese país andino, la observación era que sólo en México y en Venezuela ese caso seguía impune.Porque mientras se investigaba a muchos otros funcionarios, en esos dos países, así como en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala y Panamá, donde se ordenaron múltiples detenciones, se decomisaron fortunas y se han realizado cateos en oficinas públicas y privadas, en México se había impuesto el reino de la impunidad que se podría romper con la detención, en España, de Alonso Ancira Elizondo, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), y la orden de aprehensión dictada contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por la compra de una planta chatarra de fertilizantes a sobreprecio en 2013 y por su presunta vinculación con pagos millonarios ilegales de Odebrecht al ex titular de la petrolera mexicana.Este juicio podría ser el primer paso para retomar las declaraciones de Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, quien señaló que Lozoya Austin, siendo operador clave en 2012 de la campaña electoral del entonces candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, les pidió apoyo por los contratos dados a la compañía brasileña desde 2009, y para ayudarlos en el futuro con contratos de Pemex cuando fuera director. Por eso, aseguró, les pidió cinco millones de dólares, pero sólo le dieron cuatro millones durante la contienda electoral, y seis millones más ya que fue nombrado director de Pemex.Por estos señalamientos, Lozoya declaró en 2017 en secreto en la PGR. Y cuando el fiscal de Delitos Electorales, Santiago Nieto, le seguía los pasos, éste fue cesado en octubre de ese mismo año. Hoy, Nieto es parte del autollamado Gobierno de la Cuarta Transformación, como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien desde la semana pasada ordenó el congelamiento de sus cuentas bancarias.Es claro que desde ahí se han reactivado las investigaciones que serán claves para borrar la idea del pacto de impunidad que, muchos aseguran, sellaron el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador.De hecho, la gran incógnita es ya si una vez consumada la detención de Lozoya, éste decida resisitir sólo la detención o se atreva a repartir culpas y, como ya dijo su abogado Coello Trejo, se llame a testificar al ex presidente Peña Nieto, quien habría sido el principal beneficiado de los sobornos de la empresa brasileña. jbarrera4r@gmail.com
