Regularmente cuando se publican actos indebidos realizados por un servidor o ex servidor público, causa una gran indignación a toda la sociedad y tras un par de semanas ocupando los titulares de los medios de comunicación, se va diluyendo el interés social, y él o los señalados confían en que habrá un escándalo nuevo en poco tiempo, por lo que será otro personaje quien ocupe el banquillo de los acusados. En cierta medida tienen razón, pues en un país como el nuestro, en el que al menos cada dos meses se hace público un escándalo, parece que la corrupción e influyentísimo es la norma y no la excepción.Por lo que ve a las consecuencias legales que sus actos podrían representar, queda claro que los tiene sin cuidado, ya sea porque entre gitanos no se leen las manos o por la ineptitud que impera en la inmensa mayoría de las fiscalías del país, pues podemos contar con los dedos de una mano a los políticos que efectivamente fueron sentenciados por actos de corrupción y por montones, a aquellos que quedaron impunes.El problema real viene cuando aquel o aquellos a quienes se les acusa es o son adictos a los reflectores (tan común entre nuestra clase política), pues por alguna razón, que ni en su casa les creen, no existe en este país un político que no se autoperciba como todo un estadista -sólo comparable con Nelson Mandela-, de modo que al intentar limpiar su nombre (como si hubiera estado limpio antes de ese escándalo), le sale el tiro por la culata.Tal es el caso del ex presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, que entre más se intenta defender, más se hunde en un pantano de arenas movedizas que él mismo está creando a su alrededor.Hace tan solo unas semanas, cuando salió a la luz el escándalo que a la fecha lo envuelve, con motivo de una denuncia presentada al ante el Consejo de la Judicatura por presumiblemente haber indicado a diversos juzgadores el sentido en el que debían de resolver ciertos asuntos, su primera reacción fue señalar que se trataba de una venganza de parte de la actual presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, y que dicha denuncia debía ser desechada por falta de pruebas; sin embargo, al ser cuestionado públicamente sobre si tenía la certeza de que no existieran pruebas sobre los hechos que se le imputaron, no pudo hacer otra cosa más que titubear, al no conocer expediente, o al menos no de manera legal. Recordemos que la denuncia tiene como efecto que la autoridad competente realice una investigación, es decir, que a partir de los hechos narrados se recaben todas las pruebas necesarias para llegar a la convicción de que ocurrieron o no los hechos denunciados. A pesar de ello, Zaldívar pretendía que se desechara por no contar con suficientes elementos de prueba. Perdón por la terquedad, pero ¿no es para eso la investigación?Finalmente, por aquello de que en el pedir está el dar y al haber pedido encarecidamente las pruebas en que se sustenta tal acusación, ya se le cumplieron sus deseos, pues varios jueces y magistrados han manifestado haber sido víctimas de las extorsiones de Zaldívar y, por si fuera poco, han aportado audios que así lo demuestran.
