Con este poderoso lema, comunidades y organizaciones civiles de Jalisco y del país están combatiendo el discurso y las medidas que los distintos gobiernos locales y el nacional llevan a cabo por la supuesta falta de agua para consumo humano.En la zona metropolitana de Guadalajara, el gobierno del estado que encabeza Enrique Alfaro Ramírez determinó hacer tandeos de agua para cientos de colonias de la capital del estado bajo el argumento de que la sequía y el mayor consumo de agua por la pandemia en 2020, había agotado la presa Calderón que surte agua a la metrópoli; y de paso utilizó esta falta de agua para tratar de convencer a los tapatíos de la necesidad de terminar de construir el megaproyecto hidráulico de la presa El Zapotillo, en Los Altos de Jalisco que, de llevarse a cabo, inundaría los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo. El discurso que ahora escuchamos del gobierno de Enrique Alfaro para explicar la falta de agua para cientos de miles de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara no es nuevo. Prácticamente ha sido la postura común de sucesivos gobiernos estatales: es necesario abastecer de agua a los habitantes de la metrópoli, pero las fuentes de agua cercanas están agotadas o a punto de que se agoten por lo que es necesario acudir a fuentes cada vez más lejanas y almacenarla y distribuirla mediante costosos megaproyectos hidráulicos: presas, tanques y acueductos. Y eso lleva al trasvase de agua de una cuenca a otra, y lo que eso implica: que la concentración urbana quita el recurso a una población rural o alejada de la metrópoli.Pero en este recurso se pone en el centro de la explicación el consumo humano de los habitantes de la metrópoli, pero pocas veces se visibiliza y discute que en muchas ocasiones el gran consumo no es por los habitantes de las ciudades sino los grandes consumidores dedicados a actividades de acumulación de capital, como usuarios industriales, agroindustria, desarrolladores inmobiliarios o extractivos. Un ejemplo reciente lo tenemos en el proyecto inmobiliario Iconia que el gobierno de Guadalajara concedió a desarrolladores privados. Como se sabe, las 13.6 hectáreas donde se pretenden florecer grandes edificios de departamentos estaban destinadas a un gran parque metropolitano. A pesar de la notoria carencia de agua, el gobierno de la ciudad prefiere autorizar un complejo inmobiliario que consumiría grandes cantidades de agua que en dejar que florezca un parque metropolitano que serviría para captar y producir agua. Es decir, el gobierno prefiere dar agua para su explotación comercial que en preservarla para el consumo humano. Otro caso concreto que ilustra este argumento ocurre en El Salto, Jalisco, donde las actividades industriales acaparan 74 por ciento del consumo de agua, 12 por ciento para actividades agrícolas, dejando apenas 14 por ciento para el consumo de los habitantes de la cabecera municipal, que corresponde apenas a 25 litros por persona al día, lo que viola el derecho humano al agua al dotar apenas de a mitad del líquido que recomienda la ONU, según el estudio “Aguas inseguras, el ciclo hidrosocial del agua potable en el Occidente de México", publicado el 12 de agosto de 2020 en The International Journal of Justice and Sustainability y dado a conocer recientemente por la periodista Violeta Meléndez (Mural, 1º de abril).Esta concentración de agua para consumo en actividades de valorización de capital mediante actividades extractivas es tan flagrante que incluso dos empresas tienen más agua concesionada que toda la población de El Salto: “Si bien el municipio cuenta con permisos de concesión por un volumen anual total de tan solo 1.67 millones de metros cúbicos, la empresa de papel Empaques Modernos de Guadalajara tiene permisos por 2.42 millones de metros cúbicos por año y el fabricante de cloro gaseoso Mexichem por 1.94”, señala el artículo. Estos ejemplos nos dejan en claro que falta el agua a muchos mexicanos no solo por las condiciones de sequía que afectan a grandes extensiones del territorio del país, sino esencialmente por cómo el Estado decide distribuirla, especialmente a grandes concesionarios que utilizan el recurso para sus actividades de valorización de capital. Estas decisiones estatales de priorizar el agua para su explotación comercial confirman el sentido de este lema: no es sequía, es saqueo, y debemos hacer todo lo necesario para impedir que se siga imponiendo el capital por sobre la vida de todos.rubenmartinmartin@gmail.com / @rmartinmar
