El ataque y secuestro contra cuatro ciudadanos estadounidenses y el asesinato de dos de ellos en la ciudad fronteriza de Matamoros, Tamaulipas, el viernes 3 de marzo, y el desplante y desafío al Estado mexicano de parte del cártel de Golfo, que se dio una semana después, cuando la madrugada del viernes pasado “entregaron” a sus cinco sicarios que desobedecieron órdenes al cometer esa agresión y afectar a los matamorenses, hizo escalar, como nunca antes en lo que va del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los reclamos de Estados Unidos por el creciente poder de los grupos del crimen organizado en suelo mexicano.Hasta antes del falaz acto justiciero de la mafia del Golfo, que lo único que hizo fue exhibir los altos grados de erosión que ha provocado al Estado de Derecho la corrupción gubernamental que ha empoderado a las narcobandas, al haber arrebatado a las autoridades, en muchas regiones del país, el monopolio del uso de la fuerza y el cobro de impuestos, y ahora hasta la impartición de justicia y la captura de delincuentes.Este desafío que representa un punto de inflexión más en la ya larga lista de desafíos y burlas de los grupos de la delincuencia organizada al Gobierno de la 4T, no hará más que intensificar las críticas del Gobierno de Joe Biden a las políticas de combate al narco en México.Así que habrá que esperar qué otras exigencias hacen republicanos, y también demócratas, a la Casa Blanca para presionar a México a endurecer sus estrategias antinarco, que por cierto, muy hipócritamente, nunca exigen que se desplieguen en territorio estadounidense para parar el contrabando de armas a México que hacen crecer el poder de fuego de los cárteles mexicanos que quieren que desaparezcan, y no se diga para combatir del tráfico de drogas en el mercado más grande de consumidores de ellas que es su país.Ya las iniciativas de los legisladores más duros de Estados Unidos, como los republicanos Dan Crenshaw, Mike Glanz y Linsdey Graham, que piden que las mafias de México se consideren células terroristas para posibilitar el envío de tropas de aquel país a combatirlas, provocaron que la semana pasada viniera a Palacio Nacional para hablar con el Presidente la asesora de Seguridad Nacional del Presidente Biden, Liz Sherwood-Randall, y también la subsecretaria para la Defensa Territorial y Asuntos Hemisféricos del Pentágono, Melissa Dalton, para acordar estrategias conjuntas para combatir la producción y el tráfico de fentanilo.Habrá que ver cómo el Gobierno de López Obrador procesa esta presión, más allá del discurso nacionalista y de defensa de la soberanía que dirige a su voto duro desde su púlpito mañanero que no tiene efectos en Estados Unidos, y logra acuerdos que comprometan también acciones contra el narco y sus capos del otro lado de su frontera. jbarrera4r@gmail.comJaime Barrera
