Estamos a prácticamente 100 días de que se lleve a cabo la jornada electoral del mes de junio, la más grande que ha habido en la historia del país, por el número de cargos de elección popular que estarán en disputa y que van desde las candidaturas al Congreso federal, pasando por gubernaturas, congresos locales y alcaldías.Se trata de un complejo escenario porque serán elecciones que se llevan a cabo en un contexto enrarecido, tanto por los efectos de las emergencias sanitaria y económica, como por las amenazas del crimen organizado y las múltiples violencias que ejercen todas las formas de delincuencia sobre la población.Visto desde esta perspectiva, estaremos ante una jornada electoral con una democracia que está amenazada en distintos frentes: el más peligroso quizá justamente el de las bandas del crimen que han marcado desde ya, la posible tesitura en la que estarán tratando de intervenir e incidir en los resultados electorales.De acuerdo con un estudio de la consultoría Etellekt, durante el proceso electoral del 2018 fueron asesinadas 152 personas dedicadas a la política, entre ellas, 48 precandidatos y candidatos a cargos de elección popular; además de 774 agresiones contra funcionarios de distintos rangos en todo el país.Asimismo, de acuerdo con varias estimaciones, hasta el 31 de enero de este 2021, se habían registrado 64 asesinatos de personas dedicadas a la política, así como otros 73 actos de violencia en contra de 88 personas que resultaron lesionadas; y prácticamente todos esos ataques han sido reportados como de autoría del crimen organizado.A este clima de suma violencia se suma la disputa política y las acusaciones de uno y otro bando, entre las que destaca sin duda la que pesa sobre el gobernador de Tamaulipas, quien está acusado precisamente de tener nexos con el crimen organizado, en una entidad de la cual hay dos ex gobernadores procesados por la justicia.El tema es mayor porque además se renovarán gubernaturas en varias de las entidades que forman parte de las de mayor tasa o número absoluto de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada: Baja California, Sonora y Colima, emblemáticamente; y Guanajuato, donde se renovarán 46 alcaldías y el Congreso local, donde también ya fue asesinado un diputado en funciones; además de ser la entidad con mayor número de elementos de las fuerzas del orden asesinadas en el país.Debe alertarse, pues, que la delincuencia está ejerciendo, de facto, condiciones de “veto”, al amenazar a candidatas y candidatos, al intervenir ilegalmente en el financiamiento de campañas y al perpetrar asesinatos de quienes consideran que pueden resultar elegidos y adversos a sus intereses. De esta forma, si la campaña del 2018 fue la más violenta en la historia de la democracia reciente en México, la del 2021 podría resultar aún más cruenta.No debe pasarse por alto, sin embargo, que un proceso electoral manchado de sangre, en un contexto como el que vivimos, puede poner en cuestión severamente a la legitimidad de nuestra democracia. Y esto debe ponderarse con base en un análisis frío respecto de las condiciones reales en que vive el país, pues ahora hay más personas en pobreza y desempleo que en el 2018; porque el número de homicidios se incrementó de manera importante respecto de la misma fecha y porque la desigualdad se ha profundizado; todo ello además del dolor, la tristeza y la incertidumbre asociadas a la enfermedad y la muerte causadas por la pandemia.En ese sentido, los partidos políticos están obligados a presentarnos candidaturas viables, en el sentido de ser personas que pueden auténticamente abonar al desarrollo democrático del país, y al mejoramiento de las condiciones de vida de los millones que han perdido sus empleos o principales fuentes de ingreso; pero aún más a quienes históricamente han enfrentado circunstancias límite de vida.Todo lo anterior confirma además la necesidad y el reiterado llamado a que el titular del Ejecutivo federal contribuya a serenar los ánimos del país, pues lograr el desarrollo, la prosperidad y la vigencia plena de los derechos humanos exige por definición un régimen democrático, en el más amplio sentido del término; y éste, a su vez, implica un contexto de paz, legalidad e igualdad; y eso solo se construye desplegando de manera intensa y cotidiana, una auténtica política de fraternidad y cordialidad.@mariolfuentes1Investigador del PUED-UNAM
