Considerada como inviable, una mala idea o incluso una revancha del titular del Ejecutivo cuando la presentó el 3 de febrero de este año, la reforma al Poder Judicial es ahora, como dice el argot jurídico, una cosa juzgada. Ahora todos los actores, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dan por hecho que el Poder Judicial debe ser reformado. Así lo dieron por sentado los ministros de la Corte, incluida su presidenta Norma Piña, en el primer Diálogo Nacional sobre la reforma al Poder Judicial, celebrado en la Cámara de Diputados el pasado 26 de junio. Se habla de matices, de tiempos, de elecciones escalonadas, de considerar los perfiles más capacitados, de varios detalles, pero en conjunto ahora todos los actores dan por hecho que habrá reforma al sistema de justicia nacional. Más allá del debate estrictamente jurídico, la reforma es necesaria desde hace muchos años porque la burocracia dorada del Poder Judicial vive rodeada de prebendas y salarios estratosféricos para un país con una clase trabajadora que tiene ingresos que no ajustan para una vida digna. Un ministro de la Corte tiene un sueldo mensual neto de 206,948 pesos, es decir, de 2 millones 483 mil 376 pesos anuales. Adicionalmente, por aguinaldo y prima vacacional se lleva 445 mil 309 pesos y recibe un pago anual por riesgo de trabajo de 416 mil 754 pesos. Todo esto suma 3 millones 345 mil 439 pesos, lo que representa un ingreso de 278 mil 786 mensuales. Pero eso no es todo. Los ministros de la Corte tienen otros ingreso como seguro de vida institucional, seguro de gastos médicos mayores, seguro de separación individualizado, estimulo de antigüedad e incluso “ayuda para compra de anteojos”, como si un funcionario que gana cientos de miles de pesos al mes no pudiera comprarse sus propios lentes. Pero no es todo. Tienen asignado autos, chofer, gastos de alimentación, secretarios y ayudantes a costa del erario. Esto para los once ministros de la Corte, pero sueldos y prebendas semejantes tienen los integrantes del Consejo de la Judicatura y ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con todo esto, se puede afirmar que los ministros y magistrados de la Corte en México están entre los funcionarios públicos mejor pagados del mundo. Luego de los ministros, magistrados, y consejeros de la Judicatura, los sueldos y prebendas de los mandos superiores del Poder Judicial son igual de altos. Un secretario de Acuerdos o un Oficial Mayor tienen un salario máximo de 124,387 pesos más “asignaciones adicionales” por 349,442 pesos, según el “Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación” para este año. No ganan mal ni las secretarias ni los choferes: ambos tienen un sueldo mensual máximo de 35,542 pesos. Es un ideal que todos los servidores tengan ingresos suficientes y decentes, pero los sueldos de la alta burocracia del Poder Judicial no se corresponden con un país con tantas carencias y pobreza como hay en México. Como se sabe, el salario mínimo en el país ha tenido seis años de recuperación después de 30 años de que se sacrificó el ingreso de la clase trabajadora bajo el argumento de no aumentar la inflación y mantener estable la economía. Ahora el salario mínimo “recuperado” es de 248.93 pesos diarios para un total de 7,468 pesos mensuales. En contraste, un ministro de la Corte gana 42 veces más que quien gana el salario mínimo. Sólo por limitar los altos sueldos, prestaciones y otras prebendas que tienen los ministros, magistrados, consejeros y altos funcionarios de la burocracia dorada, valdrá la pena la reforma al Poder Judicial. A una familia obrera le lleva toda su vida laboral (unos 25 años) pagarse la casa de interés social más barata del mercado. Pero un ministro o magistrado podría pagarse esa casa solamente con su aguinaldo. El país de contrastes y desigualdades que es México no puede permitirse pagar estas prebendas y sueldos obscenos de la burocracia dorada del Poder Judicial. Pero lo mismo vale para todos los poderes públicos. Al mismo tiempo que se rasuran los privilegios de la Corte, deben someterse a revisión y cancelación las prebendas y privilegios de la burocracia dorada de todos los poderes públicos.
