Rutilio pagó 120 mil pesos por una niña de 11 años. La compró, como si fuera una mercancía, en el municipio de Cochoapa el Grande, Guerrero, para casarla con su hijo.Historias similares de compra-venta de niñas y matrimonio infantil -que por ende es forzado- se padecen en distintas parte de nuestro país, donde uno de los principales factores determinantes es la pobreza.La menor, que hoy tiene 15 años, escapó cuando “su pareja” se fue a trabajar a Estados Unidos y su suegro, Rutilio, trato de abusar sexualmente de ella. Además de arrancarles su infancia, las niñas que son obligadas a casarse enfrentan violencia, mortalidad materna, deserción escolar y pobreza; además, menor capacidad para defenderse ante los abusos.En Guerrero, uno de los ocho Estados con mayor población indígena, la adolescente fue encarcelada durante 11 días. La Policía Comunitaria de la localidad de Dos Ríos lejos de ayudarla, la detuvo por no querer regresarse a la casa de su suegro, quien -como si fuera su dueño- exigía le devolvieran el dinero que pagó por ella, para dejarla “libre”.En el 2010 se casaba 1 de cada 4 niñas en el mundo, y en la actualidad se estima que contrae matrimonio forzado 1 de cada 5 niñas, de acuerdo con datos de UNICEF. En pleno siglo 20 es aberrante que pequeñas sean entregadas a cambio de dinero. Les destrozan la vida. ¡¿Cómo puede alguien obligar a las niñas a casarse o someterse como si fueran esclavas?! Con todo las situaciones que implica inadecuadas para su edad.Apenas en 2020 dicho organismo internacional había destacado que en los 32 Estados del país quedó establecida la edad mínima de 18 años para casarse, sin permitir excepciones que solían admitirse, como el consentimiento de los padres o tutores, el permiso de las autoridades y de los tribunales superiores, entre otras.El caso de esta joven se visibilizó porque fue detenida junto con tres hermanitas y una tía. La mamá de ella, que además estaba embarazada, fue golpeada por los policías comunitarios cuando le llevaba comida.La venta de niñas es una realidad cercana a la que no podemos ni debemos ser indiferentes, y mucho menos el Estado a quien el artículo 4 de nuestra Constitución Política le obliga a velar y garantizar de manera plena los derechos de las niñas y los niños.En los últimos días se hablaba además del caso como parte de los usos y costumbres en las poblaciones indígenas (el artículo 2 constitucional reconoce y garantiza la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural), pero la compra-venta de niñas y los matrimonios infantiles son una violación a los Derechos Humanos de las menores y las mujeres. Y por encima de eso, jamás debería haber nada.Rutilio ya fue detenido por la Fiscalía de Guerrero, es acusado de violación equiparada y trata de menores. En los siguientes días veremos si la venta de niñas y adolescentes ocupa un espacio prioritario en la agenda de las autoridades, no sólo en Guerrero sino en todo el país, para que no quede sólo en exclamaciones de indignación o estandarte de intereses políticos… porque las niñas no son mercancías.
