A los que tuvieron que pagar los platos rotos por las violaciones y afectaciones legales, ambientales y patrimoniales que se cometieron, en detrimento del estado de derecho, de las finanzas públicas y de los ahorros de los pensionados de Jalisco, con la construcción de las Villas Panamericanas hace ya casi una década, se les blindó de impunidad desde el 2015 cuando en desaseados procesos legislativos, se aprobaron las cuentas públicas del Comité para la Organización de los Juegos Panamericanos (Copag), del Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento, y del CODE, sin cargo ni observación alguna.Esas cuentas, ejercidas durante la administración del panista Emilio González Márquez fueron lavadas y aprobadas rechinando de limpias por la Legislatura LX, en un contexto de fiscalización simulada que se hizo por décadas por una cooptada Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ).Esa Legislatura de mayoría priista, pero en la que se inauguró en la vida parlamentaria de Jalisco el partido Movimiento Ciudadano, pasó a la historia como la de los diputados y diputadas “lavadores” de las corruptelas de los Panamericanos, ya que nada hicieron para cerrar el paso a la complicidad de la ASEJ de Alonso Godoy Pelayo, pese a que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había encontrado múltiples irregularidades en gastos anteriores en la construcción de los estadios y otras compras y gastos administrativos para la organización de los juegos. Por ejemplo, detectó en las cuentas del 2010, y sólo del recurso federal, que de los casi 427 millones de pesos invertidos en infraestructura deportiva, poco más de 109 millones fueron ejercidos con anomalías. Encontraron de todo, pagos a sobreprecio, renta de maquinaria fantasma, violación de topes de gasto y al menos nueve estadios mal construidos, pero que se pagaron como si hubieran sido edificados a la perfección y a tiempo.Las Villas no sólo se hicieron violando los usos de suelo y sin la autorización del entonces alcalde de Zapopan, Héctor Vielma, sino que al no contar con los permisos los bancos negaron los créditos al Grupo Corey, y el gobierno emilista los financió echando mano indebidamente de los recursos del Instituto de Pensiones (Ipejal) y del entonces llamado Instituto para la Promoción de la Vivienda (Iprovipe) cuya misión era edificar pies de casa para los jaliscienses más pobres.Hoy el Ipejal, con el aval del gobierno del Estado, quiere recuperar su inversión cayendo en irregularidades similares a las del gobierno emilista, como ignorar al gobierno zapopano, y dejar abierta la posibilidad de que la empresa Green Life Capital, creada en mayo pasado y en la que figuran ex funcionarios y ex empleados de la empresa constructora de las Villas, las utilice como vivienda de alta densidad, lo que volvería a violar los reglamentos y pondría en riesgo esa zona clave para la recarga de los mantos freáticos y el cuidado del Bosque La Primavera.Por eso, más que abrir una solución para descongelar este elefante blanco, el gobernador Enrique Alfaro abrió un frente de conflcito más en sus tormentosos primeros meses de gobierno.jbarrera4r@gmail.com
