Parto de dos preguntas para exponer mi argumento en esta columna: ¿es necesaria una reforma al Poder Judicial en México? Y, ¿la propuesta de reforma que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido es la que necesita la sociedad mexicana? Las respuestas son: sí y no.A estas alturas todos los sectores y actores de la vida pública mexicana coinciden en la necesidad de reformar al Poder Judicial. Quizá este es el mérito de la propuesta presentada el 5 de febrero por el presidente López Obrador. Antes de que presentara su propuesta, pocos hablaban en serio de una reforma a la judicatura. Ahora todos, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admiten que este Poder debe ser reformado.Es necesario, entre otras razones, por cuestiones de austeridad. Los ingresos y prebendas que se pagan a la alta burocracia de este poder son insostenibles en una sociedad de tantas carencias. El promedio salarial anual de México es de 20 mil 090 dólares cuando la media de los países de la OCDE es de 55 mil 420. Y sin embargo, los salarios e ingresos de los ministros de la Corte y otros altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación están entre los más altos del mundo. El sueldo del presidente de la Audiencia Nacional de España es de 79 mil 831 pesos mensuales, el de un Ministro de la SCJN es de más de 600 mil pesos. La diferencia es abismal.Las razones para esta reforma son de fondo. El Poder Judicial de la Federación opera en la completa opacidad e impunidad. Tras el manotazo de mano, el presidente Ernesto Zedillo ordenó en 1995 la extinción de la Corte que existía y decretó el nombramiento de nuevos ministros. Con esta reforma se hizo creer que el Judicial era más transparente y eficaz gracias a que se creó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) que, se dijo entonces, garantizaría el buen desempeño de los juzgadores. Y se defendieron los altos salarios de los impartidores de justicia, como una supuesta garantía de su rectitud e incorruptibilidad.Treinta años después, dichas premisas fracasaron. Los ejemplos del mal desempeño de los juzgadores sobran. Pero el fracaso del Judicial para revisarse así mismo, a través del CJF, lo expuso de modo contundente Zorayda Gallegos en su reportaje “Jueces sin castigo: Las fallas de un sistema negligente” publicado el miércoles en Quinto Elemento Lab. Zorayda revisó todas las sanciones disciplinarias que el CJF emitió entre el 2000 y 2023. En ese periodo hubo 664 sanciones por faltas disciplinarias que se tradujeron en un simple regaño. En 24 años, solo 22 jueces y 8 magistrados fueron destituidos, a pesar de la comisión de graves delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, defraudación fiscal, abuso de autoridad y delitos contra la administración de la justicia.Estos últimos son casos donde jueces federales dejaron a libertad a narcotraficantes, o declinaron juzgarlos como a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el hijo de el Chapo Guzmán. O el caso del secretario del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, a cargo del juez Álvaro Tovilla León, que tenía depósitos bancarios por 432 millones de pesos.Esto ocurre a escala federal, ahora sumemos los casos donde la justicia se niega a los ciudadanos en cada una de las 32 entidades federativas, y los casos donde jueces y magistrados en los estados actúan por consigna de otros poderes (de un gobernador o de un jefe de plaza del crimen), del poder económico o simplemente que vende sus sentencias al mejor postor. En Jalisco es tan redituable ser magistrado que se vendieron plazas de magistrados hasta en cinco millones de pesos, según denunciaron panistas a diputados de su mismo partido.Por todo ello, la reforma al Poder Judicial es necesaria e inevitable, pero difícilmente la reforma que plantea AMLO y Morena resolverá los problemas que se tienen ahora. La razón es simple, como lo recordó el Capitán Marcos del EZLN en un comunicado reciente. En la moderna sociedad se parte de la falsa premisa de que “todas las personas son iguales ante la ley”, y no, porque “quien paga, manda”. Así es ahora, y así será luego de la siguiente reforma.rubenmartinmartin@gmail.com
