Hace un siglo se desató una polémica intelectual entre dos personajes del pensamiento jurídico y político del siglo veinte: Hans Kelsen y Karl Schmitt. Ambos gozan de enorme prestigio en México, e incluso el primero estuvo por aquí impartiendo conferencias luego de que se encargó de estudios especializados en California. Schmitt, luego cargó con la fama de haber respaldado de alguna forma el ascenso del nacional socialismo en Alemania. Ambos debatieron entonces respecto a quién corresponde la defensa de la Constitución. O a la política o al ámbito judicial. Así nació la idea por parte de Kelsen de que debiera constituirse un Tribunal Constitucional, y él mismo participó en la comisión redactora de la Constitución de Austria, su país natal, en donde pudo introducir su propuesta y convertirse en juez constitucional. Karl Schmitt por su parte sostenía que el resguardo de la constitución debía residir en el presidente y en el Legislativo.El debate tuvo gran resonancia en medio de la defensa de la democracia que se sostenía en la llamada República de Weimar, que terminó con el ascenso de Hitler al poder. Los artículos publicados por ambos son materia de estudio en las universidades, tanto desde la perspectiva política, como jurídica, y ahora viene al caso recordarla dadas las disputas que se presentan entre el Poder Ejecutivo Federal de nuestro país con los jueces, magistrado y ministros; y en el contexto de las discusiones sobre quién puede corregir la Constitución cuando se determina que se violan los derechos fundamentales de la persona.En la práctica en México el control constitucional había sido materia política, y era el poder metaconstitucional del Presidente quién determinaba los límites, en un modelo que persistió durante muchas décadas. En el proceso de transición a la democracia hemos construido un sistema de control judicial de la Constitución y el Poder Judicial y especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplen la tarea que Kelsen imaginó para el Tribunal Constitucional. Ese camino es una de las piedras angulares de la construcción constitucional de nuestro país y cada día cobra más importancia.La tentación de ejercer presiones sobre el aparato judicial es usual en las naciones democráticas, lo vemos en Europa y muy notoriamente con los esfuerzos de Donal Trump en Estados Unidos al nominar una gran cantidad de funcionarios judiciales inspirado en compromisos políticos. En México ha pasado lo mismo desde las reformas para la nominación de los ministros de la Suprema Corte. Es un juego de poder que somete a enormes presiones a los jueces, magistrados y ministros. La resistencia que los funcionarios judiciales deben tener hacia esas presiones políticas es fundamental para la independencia judicial y para garantizar los derechos de las personas que participan en los procesos. Así que la polémica ahora parece persistir aquí al preguntarnos: ¿quién debe resguardar la Constitución? Y las respuestas parecen encontrarse en los mismos polos de hace un siglo: en la política o en el control judicial. Más de cien años después, la historia nos enseña lo valioso que es el control judicial y la importancia de fortalecer la capacidad e independencia de los jueces. Más aún, cuando en México esta labor del cuidado de la Constitución recae no solamente en los Ministros de mayor nivel, sino en los jueces que ejercen el llamado control difuso de la constitucionalidad de los actos de autoridad. A cien años de que aquel joven modesto que amaba la literatura y la filosofía, pero su familia le convenció para ingresar en la escuela de derecho, creó el primer modelo de Tribunal Constitucional, es oportuno reforzar la defensa de la independencia judicial. Porque siempre será mejor tener la ocasión de mejorar el desempeño del poder que da vida al derecho, a entregarlo a los intereses políticos enfocados a la concentración y prolongación de los mecanismos de poder.luisernestosalomon@gmail.com
