La atención a víctimas de violaciones a los derechos humanos y de la violencia no sólo es una tarea inmensa, sino que, muy probablemente, sea la más sensible en la agenda política del Gobierno entrante.Los Foros de Escucha representaron un primer intento de reconocimiento del dolor de muchas de las víctimas y sus seres queridos. Sin embargo, urge trascender ya los foros y los diagnósticos, y dar inicio al fortalecimiento de las instituciones existentes en materia de atención a víctimas. Preocupa el afán de crear nuevos mecanismos de atención a víctimas, como las comisiones de “la verdad” o el Plan Nacional de Reparación, sin reparar en que ese camino, el de sustituir estructuras y nombres por mero prurito político o ideológico, ya lo conocemos y no lleva a ninguna parte. De hecho, el desarrollo de los foros también demostró el hartazgo y la desesperación de las víctimas ante el sinfín de promesas hechas por distintas autoridades que no permean más allá del día en que se pronunció el discurso o la ocurrencia del momento.Como recordatorio, en 2011 el Presidente Calderón creó la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), cuya función era estructurar todas las acciones a favor de las víctimas, incluyendo brindar atención médica, asistencia psicológica especializada, orientación y asesoría jurídica, así como apoyo en la búsqueda de personas reportadas como desaparecidas. Con la Ley General de Víctimas (2014), Províctima se transformó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), órgano ejecutor del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que se encarga, supuestamente, de brindar atención, acompañamiento, asesoría jurídica y una reparación integral a las personas víctimas de delitos y violaciones a los derechos humanos.La realidad es que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas actualmente se encuentra en condiciones deplorables con definiciones amplias, conceptos vagos, una burocracia revictimizadora y una falta de recursos que dificultan la atención y reparación adecuada de más de 30 mil desaparecidos y muchas víctimas más de tortura, detenciones arbitrarias, homicidios y secuestros. Resulta ilustrativo que el Registro Nacional de Víctimas tiene únicamente 19 mil 131 víctimas inscritas actualmente. Ridículo…La situación en los estados es aún más precaria ya que, hasta julio de 2018, sólo 19 entidades federativas contaban con Comisiones Estatales instaladas, de las cuales únicamente 17 cuentan con asesores jurídicos y sólo 10 con fondos de ayuda, asistencia y reparación integral. Entre los estados que carecen de un fondo estatal se encuentran varias de las entidades más azotadas por la violencia, como Guerrero, Nayarit y Veracruz. Es más, de las 19 mil 131 víctimas inscritas al registro, solamente mil 567 corresponden al orden local, lo que implica que las víctimas del fuero común se encuentran en el desamparo total. Peor aún, los recursos destinados a las Comisiones de atención a víctimas, incluida la CEAV, y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral no reflejan de manera alguna el objetivo tan ambicioso del Sistema Nacional de Atención a Víctimas y, todavía peor, ni siquiera se ejerce la totalidad de los fondos existentes.Es apremiante dejar de jugar políticamente con las víctimas y fortalecer los mecanismos diseñados para su defensa para que dejen de ser parte de una simulación macabra. El Gobierno entrante tiene la responsabilidad legal y la obligación moral de trascender los foros, las promesas y los discursos, y atender genuinamente la crisis humana que el país ha venido acumulando con singular indiferencia. En este caso, al menos, no habrá espacio para disimular esta doble tragedia: la de las víctimas y la de la ineptitud para atenderlas.Colaboró: Marlene Herbig, investigadora de Causa en Común.Twitter: @MaElenaMorera
