La justicia no sólo es un concepto inherente al de la democracia; en la vida cotidiana de los Estados, constituye el basamento sobre el cual descansan todas las decisiones del aparato institucional, desde el más alto nivel de decisión en el Ejecutivo o el Legislativo, hasta el más operativo de los espacios de las administraciones públicas municipales.En las democracias contemporáneas, uno de los principios más relevantes para garantizar su conservación es el relativo a la separación de poderes; y en ese sentido, nuestra Constitución Política establece, en su artículo 49, que: “El Supremo Poder la Federación se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación…”El Poder Judicial, de acuerdo con el propio texto constitucional, tiene su fuente de legitimidad como un Poder autónomo y de hecho, del mismo nivel de relevancia que el Legislativo y el Ejecutivo; y en ese sentido constituye uno de los pilares del equilibrio democrático del país.Es entonces tarea del Poder Judicial garantizar la plena vigencia del orden constitucional, pero también el orden jurídico nacional, no sólo a través de la impartición de justicia, sino de una de las tareas, quizá menos visibles de su mandato: la hermenéutica de la Ley, es decir, el establecimiento de los criterios de interpretación de todo el orden jurídico nacional, y del establecimiento de tesis y el marco jurisprudencial que rige en el territorio nacional.Todo lo anterior tiene relevancia frente a la renuncia del Ministro de la Corte, Eduardo Medina Mora, quien ha sido señalado de -cuando menos- prácticas que se alejan de la ética que debe regir y determinar la conducta de quienes imparten justicia en el país.Esto cobra una dimensión mayor, en un país en el que reina, cohabitando con la corrupción, una impunidad rampante que ha hecho de uno de los bienes sociales más preciados, la justicia, un “artículo de lujo” accesible de manera mayoritaria para quienes tienen recursos para pagarla.México tiene un enorme reto en ésta materia, sobre todo en un contexto en el que las víctimas se cuentan todos los años por millones: según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, se cometen más de 30 millones de delitos por año, y prácticamente uno de cada tres hogares en el país es víctima de alguno de ellos; para colmo, solo en seis de cada 100 casos se tiene una sentencia de un juez, y se estima que en sólo uno de cada 10 de esos casos en que se llega a una sentencia, las víctimas tienen acceso a la reparación del daño.No es casual pues que, de acuerdo con el INEGI, a través de los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE, 2019), luego de las policías de tránsito y de las policías preventivas, la categoría de “los jueces” sean la tercera respecto de la que se tiene una mayor percepción de prácticas de corrupción en el país.Lo anterior aplica respecto del Poder Judicial de la Federación, pero también de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, en cuyos estrados y mesas es común escuchar que aquel expediente que no es acompañado de una “gratificación” es puesto a “dormir el sueño de los justos”.La certeza jurídica, la plena vigencia del Estado de derecho, debería comenzar pues en la garantía sin cortapisas, del acceso a la justicia para todas aquellas personas que han sido víctimas, tanto de la delincuencia, como del Estado, porque tampoco es menor el hecho de que seguimos siendo, para mal del país, un territorio lleno de “presuntos culpables”.Sin resolver todos esos problemas será difícil que nuestra democracia encuentre respaldo ciudadano mayoritario; pues no es exagerado decir que estos elementos son en buena medida factores definitorios del malestar ciudadano respecto del régimen democrático de gobierno.Una democracia sin justicia es inconcebible; de hecho lo que le hace a la democracia ser lo que es, está sustentado en que todas y todos somos formal y realmente iguales ante la Ley; que la justicia es la primera garantía para toda la ciudadanía; y que la fuerza del Estado para hacerla valer se aplicará siempre y en todo momento de manera no sólo “ciega”, sino ante todo, con sabiduría.
