Tras 22 largos años de juicios agrarios y penales, la comunidad coca de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, espera que por fin llegue la justicia para este pueblo que ha denunciado y probado la invasión de su territorio por un empresario tapatío que ha torcido la ley gracias a su dinero y sus relaciones políticas. Asentada en la ribera del lago de Chapala, con dos islas y montes que ofrecen una de las vistas más privilegiadas del lago, a la comunidad indígena de Mezcala la acechan múltiples intereses económicos, políticos y criminales. Es la troika que lamentablemente impulsa el despojo de territorios y bienes comunes para la mayoría de los pueblos indígenas del país.En 1999 el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra invadió 12 hectáreas del territorio de Mezcala, específicamente en el cerro conocido como El Pandillo, donde construyó una residencia de descanso y eventualmente, un negocio turístico, sospechan los comuneros. Ante el flagrante despojo, pues claramente la construcción del empresario tapatío está asentada sobre las 3,600 hectáreas que Mezcala tiene reconocidas desde el siglo XVIII mediante un título Virreinal, y desde 1971 por resolución presidencial, varios comuneros propusieron sacar por sus propios medios al invasor. Pero juiciosamente la asamblea comunal decidió el camino de la legalidad. Ha sido un proceso largo y tortuoso porque en estos 22 años de esperar justicia, el invasor, un hombre blanco, privilegiado y adinerado de Guadalajara, torció más la ley y se ostentó como “comunero” de Mezcala.Como la justicia no avanzaba, en 2011 la asamblea comunal decidió desmontar un panel solar que el invasor montó a un lado del terreno previamente despojado mediante el cual pretendía bombear agua de los cauces que surten a la comunidad.En lugar de aplicar la justicia contra el invasor, éste, amparado en su dinero y conexiones políticas, denunció por “daño a las cosas” y persiguió penalmente a once integrantes de la comunidad. Una de ellas fue detenida por policías ministeriales mediante engaños. A Rocío Moreno la citaron a la redacción del diario Milenio, haciéndole creer que le iban a hacer una entrevista. Pero al llegar, los policías la arrestaron y la llevaron a los separos de la entonces Procuraduría de Justicia de Jalisco.Es la justicia al revés. Es como si un ladrón entra a tu casa y le quitas el desarmador con el que te abrió la puerta y este llama a la policía y quien se va a la cárcel es el habitante de la casa. Una total aberración y caso claro de criminalización a quienes defienden sus territorios por todo el país. En este largo camino para exigir justicia, acompañados de su abogado Rubén Ávila Tena, la comunidad de Mezcala logró que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito XV emitiera una sentencia en 2019 que condenó a Guillermo Moreno Ibarra a restituir las tierras que ilegalmente ocupa en Mezcala. En febrero de ese mismo año, el Tribunal Superior Agrario ratificó la sentencia y ordenó al invasor a restituir las tierras que ocupa ilegalmente. La ejecución de la sentencia se detuvo porque el invasor interpuso un juicio de amparo directo. Posteriormente la aplicación de la justicia se ha alargado por motivos de la pandemia.Sin embargo, el tiempo de la justicia para esta comunidad indígena debe llegar ya. La comunidad ha sido enterada que este mes de octubre el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con sede en Zapopan, debe dictar una sentencia definitiva, mediante ponencia del magistrado Jorge Cristóbal Arredondo Gallegos, el secretario con funciones de magistrado, José Ricardo Jiménez Leal y el magistrado René Olvera Gamboa. La comunidad no espera otra cosa más lo que en derecho y justicia les corresponde. Sería impensable que se dictara sentencia contra los derechos de la comunidad. Mezcala exige justicia ya y los magistrados deben concedérsela.
