No deja de ser un contrasentido que el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, presumiera el pasado 6 de octubre que el Programa de Acción Climática de los gobiernos de la zona metropolitana de Guadalajara, conocido como PACmetro, haya recibido el Premio de la Acción Climática Global en la categoría “Líderes Climáticos”, por parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Justo a unos días de que el gobernador de Jalisco se muestra eufórico por el premio de la ONU, desde Europa 17 organizaciones sociales y ambientales presentaron públicamente el informe sobre los “infiernos ambientales” que hay en México, y uno de los más grandes y perniciosos se encuentra en Jalisco, y forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara.El informe se llama Empresas transnacionales y libre comercio en México: caravana sobre los impactos socioambientales, y es el resultado de un recorrido realizado por observadores europeos junto con Eurodiputados, que participaron en diciembre de 2019 en el ToxitourMéxico. El Toxitour fue organizado en México por unas 40 organizaciones, entre ellas la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Para los redactores europeos del informe, “en los últimos treinta años, México se ha convertido en uno de los principales paraísos industriales a nivel planetario, es decir, uno de los laboratorios más avanzados para el libre comercio y la desregulación. Arguyendo la necesidad de atraer inversiones a toda costa para generar ‘desarrollo’ y empleo, en el marco de acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio de América del norte (TLCAN) o el Acuerdo entre la Unión Europea y México, se ha profundizado y sofisticado un proceso de desvío de poder”. Este desvío de poder, subrayan, consiste en que “se ha impuesto un régimen en el cual la ley ha permitido la autorregulación ambiental, social y laboral por parte de las empresas. Gran parte del territorio mexicano ha sido sometido a una dinámica de densos corredores industriales interconectados entre sí, donde han proliferado industrias de alto riesgo, actividades agroindustriales extensivas y operaciones extractivas. Estas áreas coinciden con espacios urbanizados, sin que haya un seguimiento de los impactos sobre la salud de las poblaciones locales”. A estos corredores los llamó “infiernos ambientales” Víctor Manuel Toledo, entonces titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Toledo aceptó reunirse con los organizadores del Toxitour mexicano y abrir mesas de negociación para ver la posibilidad de declarar zonas de emergencia ambiental, pero el diálogo se detuvo por la renuncia a la Semarnat.El informe en referencia fue publicado el pasado 11 de octubre y en este se afirma que los observadores internacionales “pudieron constatar in situ una pequeña proporción de la auténtica devastación socioambiental generada por el neoliberalismo en este país. Resultó evidente hasta qué punto, los territorios más industrializados se caracterizan por una contaminación sistemática del aire, el agua y del suelo, aunada a procesos de urbanización salvaje y a la proliferación de basureros y espacios de disposición de desechos altamente tóxicos”. Esta dinámica es responsable de una emergencia ambiental asociada a la proliferación de varias enfermedades a las poblaciones aledañas. Uno de los “infiernos ambientales” que los observadores visitaron en diciembre de 2019 fue justamente el corredor industrial de El Salto-Juanacatlán, uno de los más contaminados del país. Por eso es contradictorio que Alfaro festeje un premio ambiental, cuando es corresponsable de que este “infierno ambiental” siga ardiendo. En el mensaje de agradecimiento al premio, Alfaro dice ufano que “Jalisco no le va a fallar al planeta” y así será. Los que le fallan al planeta son los gobernantes que impulsan políticas públicas que permiten que el capital deprede la vida. Es un contrasentido que la metrópoli tapatía reciba este premio cuando en esta región y en el estado hay varios “infiernos ambientales” por la combinación letal de actividades económicas destructivas del medio ambiente y gobernantes que no sólo lo permiten, sino que solapan la devastación ambiental que generan estas corporaciones privadas motivadas únicamente por las ganancias rápidas.
