A una semana de que se diera a conocer el ciberataque del que fue objeto la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existe una cruda y aciaga verdad: el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) está más putrefacto de lo que nos habíamos imaginado. Y ello sin menoscabo de que lo que ha trascendido de los documentos que tienen en su poder reporteros, periodistas, investigadores, historiadores y algunos medios de comunicación no representa aún ni el 0.1 por ciento de los millones de correos que son escudriñados por los olfatos más agudos en su tarea de seguir sacando a la luz pública los secretos mejor guardados del Gobierno de la llamada Cuarta Transformación y del propio Ejército que tan ampliamente ha sido consentido por el Ejecutivo de la Nación. Todo, las mentiras, la corrupción, las complicidades, los despilfarros, las conversaciones, las inversiones fallidas, los contratos, las relaciones con el crimen organizado; todo está en los seis terabytes que les entregó la organización denominada “Guacamaya”, responsable del hackeo.No exagero al decir que de lo poco que se ha podido conocer de las filtraciones en notas periodísticas, apenas ha trascendido quizá el 10 por ciento, de ahí que aquí intentaré compartir algunos de los hallazgos más impactantes sin necesariamente cumplir con algún orden específico:El Ejército vigila a las feministas y las pone a la par de organizaciones subversivas. Informes de inteligencia revelan que el Ejército sigue de cerca las actividades de feministas y activistas. La Sedena identifica la existencia de 15 colectivos, enumera las marchas feministas ocurridas desde 2019 y detalla sus acciones, además identifica con nombre completo y alias a 11 mujeres del Bloque Negro.Queda al descubierto una parte oscura del Ejército. El País detectó más de mil archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura. Registros internos retratan un ambiente hostil en el que denunciar por abuso sexual a un militar se vuelve una pesadilla. Las víctimas suelen ser ignoradas, dadas de baja de las Fuerzas Armadas o trasladadas a otro sitio.Mientras el Presidente afirma que “no se espía a nadie”, la red de empresas Pegasus sigue vigente y en México hay más rastros de periodistas y activistas atacados con el programa de NSO Group. Una investigación de la Red por los Derechos Digitales (R3D), Artículo 19, Social TIC, Aristegui Noticias, Proceso y Animal Político determinó que los teléfonos de al menos tres periodistas y personas defensoras de derechos humanos fueron espiados con Pegasus entre 2019 y 2021. Altos mandos militares maniobraron para tratar de exculpar a las fuerzas armadas del caso Ayotzinapa. Los documentos muestran esfuerzos castrenses para que no se implicara al Ejército, al grado de que, incluso, el propio titular de la Sedena abogó ante el presidente López Obrador por el capitán José Martínez Crespo, el primer militar encarcelado por la desaparición de 43 estudiantes. La Secretaría de la Defensa Nacional considera que hay autoridades estatales y municipales de Morena que podrían estar vinculadas con cárteles y grupos delictivos en el sureste del país, de acuerdo con una de las conclusiones de un informe fechado el 19 de enero por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia “Sureste” (Cerfise). El documento es una radiografía de la operación y estructura del crimen organizado en Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz, Estados gobernados por Morena, donde se identifica con nombre y apodo a los cabecillas regionales.Se ha desvelado un seguimiento realizado por las Fuerzas Armadas a numerosos actores del escenario político nacional. Fichas de senadores, diputados y gobernadores aparecen en los correos. En algunos casos reportan desde el tipo de sangre que tienen hasta datos relevantes como si tiene vínculos con el crimen organizado.Casi un mes después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Sedena alertó a Tomás Zerón, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), de 20 alcaldes de Guerrero con presuntos vínculos con el crimen organizado.De la lista de alcaldes -incluido José Luis Abarca, de Iguala- unos se encuentran en la cárcel, otros fueron asesinados, unos más desaparecieron de los actos públicos. Tres actualmente son funcionarios en activo.Al menos cinco reportes de inteligencia militar, elaborados entre 2019 y 2022, vinculan a Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad de Tabasco, nombrado por el hoy titular de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos locales de huachicoleo. Otros dos mandos policiacos también son señalados por la inteligencia militar. Los tres siguen en funciones.Además, en un informe confidencial, la Sedena liga al titular de Gobernación, Adán Augusto López, con una red de tráfico de combustible, que opera a gran escala en Tabasco. El Ejército identifica a dicha investigación con la clave Caso Olmeca y se trata de intercepciones de comunicaciones, investigación de campo, mapeo digital y minería de datos, con las que se detalla la red de tráfico de hidrocarburo en la tierra natal del Presidente López Obrador.Más revelaciones confirman que la Sedena permite que el grupo del crimen organizado “Los Viagras” mate y extorsione prácticamente en sus narices. Carlos Loret de Mola dio a conocer nuevos documentos que revelan cómo, aunque los militares saben dónde, y cuándo los delincuentes cometen sus crímenes; prácticamente no hacen nada por evitarlo.Más documentos dan cuenta del llamado “Culiacanazo”, así como que 308 militares han sido investigados penalmente por presuntas violaciones a derechos humanos entre 2007 y 2021; 151 fueron indiciados, 107 procesados, 19 sentenciados, 16 absueltos y 15 se encuentran prófugos. Queda en evidencia igualmente el seguimiento del Ejército al viaje del EZLN en Europa. La marca personal que se le tiene al embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, y los viajes de Beatriz Gutiérrez Müller y otros familiares del Presidente. El Ejército también contiene todo lo referente a la deficiente salud del Presidente López Obrador; los movimientos de Caro Quintero durante sus últimos años en libertad; y los correos de altos mandos del Ejército, quienes manifiesten su preocupación por el “corto tiempo” que les dio el Presidente para concluir la obra del Tren Maya. Asimismo, consta que el Ejército desechó la propuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para que sus elementos participaran en el protocolo de investigación de la vacuna mexicana “Patria” contra el COVID-19; y que el Hospital Central Militar ha sido utilizado por legisladores, diplomáticos, funcionarios públicos, familiares y personas cercanas al Presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes no son derechohabientes del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).También está documentado que el titular de la Sedena, Luis Luis Cresencio Sandoval, ha obsequiado lentes, corbatas y mascadas de diseñador, botellas de tequila, mezcal y vino a invitados y personajes que le son cercanos.En todo este contexto y a reserva de lo que seguirá fluyendo de las revisiones de millones de correos, no queda duda de la descomposición y pus existente en la ‘Transformación de Cuarta’ bajo la égida de López Obrador.
