Mucha inquietud causó en varias oficinas del Gobierno estatal el hallazgo que hizo el Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción de los manejos poco claros que se hicieron durante 2016 y 2017 de la partida presupuestal 7991, de 60 millones de pesos, y que se etiquetó como Provisiones para erogaciones especiales de la Implementación del Sistema Anticorrupción de la unidad presupuestal y unidad responsable de la Contraloría del Estado.Y no es para menos. Porque si hay opacidad en el gasto del dinero que se destinó para apoyar los trabajos de la mesa interinstitucional para la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿qué se puede esperar del resto?En esa mesa participaban, además de funcionarios públicos, representantes de universidades, organizaciones empresariales y organizaciones de la sociedad civil, que lo que reclamaban era justamente una aplicación honrada de los recursos públicos para combatir la corrupción y la impunidad. Por eso resulta difícil creer que alguien haya tenido la idea de desviar esos recursos o hacer mal uso de ellos.Como he señalado aquí, sería detectar corrupción en la lucha anticorrupción. El colmo del cinismo.Por eso, insisto en que el Gobierno estatal debe aclarar cuanto antes el pago en 2017 de dos millones 470 mil 502 pesos por la asesoría de 15 abogados; otros dos millones 470 mil 502, idéntica cantidad, por concepto de consultorías para la implementación del “proyecto de la planeación integral del Sistema Nacional Anticorrupción del Estado de Jalisco”; y otro por cuatro millones 795 mil pesos de un “Software para red: Infraestructura en la nube para Entrega Recepción Constitucional”.¿Es verdad que para la contratación de una de estas consultorías fue determinante el papel de María de los Ángeles Fromow, ex fiscal electoral y cuyo último cargo fue la titularidad de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal? ¿Hizo a caso alguna sugerencia de contratación? ¿A qué funcionarios?El punto es que de estos insumos los participantes en la mesa interinstitucional nunca supieron nada, ni se mencionaron en ningunas de las sesiones de 2016 y 2017.Habrá que ver si las instancias públicas implicadas mostraron ya los entregables, los productos de las consultorías y el software especial, resultado del pago de esos honorarios que solicitó en su segundo informe el Observatorio.Por lo pronto, según me explicó Héctor Pérez Partida, los casi 49 millones de pesos no ejercidos de esta partida, en 2016 y 2017, fueron considerados ahorros presupuestales y no se podrán reponer al Sistema Estatal Anticorrupción.De las contrataciones realizadas, dijo que es obligación de los funcionarios que autorizaron con su firma los pagos, demostrar la utilidad de la inversión, los contratos y las evidencias del trabajo. Veremos.jbarrera4r@gmail.com
