Las y los diputados de la cada vez más cuestionada LXII Legislatura local lo volvieron a hacer, y la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) volvió a guardar un sospechoso silencio.Me refiero al nuevo “chaca-chaca”, lavado de cuentas públicas o intercambio de impunidad, que protagonizaron en el Congreso local el martes pasado las y los legisladores de la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano, con la complicidad del resto de las bancadas (principalmente del PAN), y sólo con la oposición de la bancada de Morena.Este nuevo “Festín de Impunidad” como le he llamado a las jornadas que desde hace al menos cuatro Legislaturas se dan de forma periódica para dejar pasar mafiosamente los desvíos del erario que detecta la ASEJ en municipios y dependencias del gobierno estatal, limpió de gastos millonarios no justificados a Zapopan, Tonalá, Atemajac de Brizuela, El Salto y Jamay.Lo anterior, pese a que esta vez la Comisión de Vigilancia, que encabeza la diputada Mirza Flores, avaló el informe de la ASEJ, que preside Jorge Ortíz, pero que con 29 votos en el pleno se limpiaron de un plumazo las irregularidades observadas.Repitieron así lo que ya habían cometido en marzo pasado, cuando aprovecharon que mientras todos estábamos preocupados y ocupados en las acciones para mitigar la propagación de la pandemia que apenas iniciaba, las bancadas de MC, PAN y PRI rechazaron fincar cargos en diez cuentas públicas por 67 millones de pesos, que también ya había ordenado la ASEJ contra autoridades de Etzatlán, Ocotlán, La Barca, Jesús María, Tuxcueca, Zapopan y Tlaquepaque, así como del Fideicomiso Ciudad Creativa Digital y del Instituto Tecnológico Superior de Tequila.Este nuevo golpe a la fiscalización del gasto público y al incipiente y casi nulo combate a la corrupción en Jalisco, coincidió ayer en el Congreso con el nombramiento de Esmeralda del Socorro Larios Hernández, como “auditora especial de cumplimiento financiero” de la ASEJ, quien llegó a propuesta del titular de la ASEJ y de la diputada presidenta de la Comisión de Vigilancia, pese a no tener mayor experiencia en temas de revisión de gasto público ni de auditoría, ni tener claro cuáles serán las tareas de su nuevo cargo. Ojalá el auditor superior salga a la brevedad a explicar cuál es el objetivo de esta nueva contratación, pero sobre todo, a exponer la posición de la ASEJ ante la burla que nuevamente hicieron la mayoría de las y los diputados al ignorar los cargos hechos por sus auditores. Volver a guardar silencio, como pasó en marzo del año pasado, seguirá minando la autoridad de un auditor que no acaba de dar muestras de que la ASEJ ha salido del secuestro político y cómplice en el que estuvo por más de una década y que va hacia un rumbo distinto desde el 2018, cuando asumió su titularidad.Sería también interesante saber qué opinan de la última edición del Festín de la Impunidad del martes pasado el Comité de Participación Social (CPS) y el resto de integrantes del comité coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).jbarrera4r@gmail.com
