Miércoles, 03 de Julio 2024

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El buen juez, por su casa empieza

Por: El Informador

El buen juez, por su casa empieza

El buen juez, por su casa empieza

La reforma al Poder Judicial ha sido un tema sumamente controversial en las últimas semanas generando todo tipo de comentarios. Estos van desde aquellos que la aprueban o desaprueban simplemente por quién la promueve, hasta aquellos realizados con verdadero conocimiento de causa.

Un punto en el que no hay controversia es la necesidad imperiosa de reformar el Poder Judicial. Esto es comprensible si consideramos que, en términos generales, los servidores públicos encargados de impartir justicia son de los peor evaluados; cuestión no sorprende a nadie, ya que es difícil imaginar que un ciudadano común pueda emitir un comentario positivo sobre estas instituciones, que destacan por su falta de capacidad, honradez, empatía, entre otros aspectos.

Ahora bien, debemos recordar que los tres Poderes cuentan con una división según su competencia estatal o federal. Es decir, existe un Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial a nivel federal, y otros equivalentes a nivel estatal.

Existe, por tanto, un Poder Judicial Federal y un Poder Judicial Estatal. Este último conoce la inmensa mayoría de los asuntos y, en nuestro caso, ha sido en los últimos años manipulado por los inquilinos de Casa Jalisco en turno haciendo nombramientos sólo en función de sus intereses. Basta revisar lo publicado en este diario sobre los nombramientos pendientes en el Consejo de la Judicatura del Estado y el Tribunal Administrativo para notar que el proceso de selección es desaseado por decir lo menos y responde a un reparto de cuotas políticas. Esta situación se repite en todos los niveles del Poder Judicial del Estado, desde Magistrados hasta actuarios.

El resultado es evidente: un Poder Judicial Estatal empantanado, en el que muchos de los que allí trabajan (salvo honrosas excepciones) han llegado a sus puestos por razones incorrectas. Esto se refleja en una impartición de justicia lamentable, caracterizada por sentencias sin sentido, falta de honestidad, desconocimiento del derecho, retrasos injustificados y pésima atención a los ciudadanos.

Ante este escenario, debemos entender que la reforma planteada no es al Poder Judicial de los Estados, sino al de la federación. Es crucial prestar atención a la voz de quienes tienen conocimiento de primera mano sobre el poder judicial tanto Federal como local, en concreto las facultades de derecho y colegios de abogados; quienes han señalado de forma unánime que si bien es necesario realizar cambios en el Poder Judicial Federal, la propuesta del Ejecutivo es no sólo desatinada sino peligrosa, ya que quita la independencia judicial y pone fin a la carrera judicial del único poder judicial que funciona en el país.

Seleccionar a los jueces por voto popular no solo contradice los principios generales del derecho, sino que es un absurdo. Basta imaginar qué sucedería si cualquiera de nosotros fuera falsamente acusado de un delito de gran impacto social, como el secuestro o el homicidio. ¿Cree usted que el juez, elegido por voto popular y con miras a la reelección, lo declarará inocente si no hay pruebas en su contra?

Si hemos sido críticos de la falta de preparación y resultados del Poder Judicial del Estado, es difícil pensar que el Federal será diferente si los jueces son seleccionados por su carisma o amiguismo y no por su conocimiento. Siendo un puesto tan importante y que requiere conocimientos técnicos especializados, resulta absurdo siquiera plantear que la mejor manera de seleccionarlos sea por voto popular. 

Esperemos que ahora en Jalisco empecemos por cambiar esas tendencias y que quienes ahora asumirán cargos en poder ejecutivo y legislativo busquen lo mejor para nuestro estado probándonos lo contrario realizando verdaderos cambios al poder judicial del estado convirtiéndolo en un ejemplo a seguir para las demás entidades. Esperemos que efectivamente nos demuestren que “Jalisco se cuece aparte” y ante el debilitamiento del poder judicial federal, el estado tenga la capacidad de generar un verdadero estado de derecho desde el poder judicial del estado.

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