Estamos saturados de noticias sobre el paso de COVID-19 en nuestras sociedades, el número de personas infectadas, los que han fallecido y el camino que nos queda. Otro de los temas más apremiantes es la crisis económica. Me llama la atención que después de muchas recesiones a lo largo de nuestra historia, aún no tengamos un protocolo universal para mitigar los daños que ocasionan. En esta oportunidad me gustaría abordar un aspecto específico de esta recesión, que tendrá un impacto importante sobre la población en la base de la pirámide, principalmente en los países en vías de desarrollo. Me refiero a la crisis económica en la que ya se encuentran la amplia mayoría de las organizaciones sin fines de lucro que realizan una importante labor social y de reducción de la pobreza. Muchas de estas organizaciones reciben su financiamiento por donaciones, legados, fideicomisos y apoyos gubernamentales, entre otros. Durante la crisis actual, en el Reino Unido y Canadá por ejemplo, han disminuido hasta en 80% sus ingresos, implicando a su vez el despido de decenas de miles de personas. Recordemos que estas organizaciones, son el sustento de escuelas, albergues para niños y mujeres víctimas de violencia, centros para atención a adicciones, rehabilitación social para jóvenes, hospitales, clínicas, centros culturales, entre otros. Según un artículo de la revista Bond en el Reino Unido, “El brote de coronavirus está devastando las finanzas de las organizaciones sin fines de lucro, amenazando muchas de sus fuentes de ingresos habituales en un momento en que la demanda de sus servicios se está disparando”. Además de la caída de los ingresos de estas organizaciones que hacen una inmensa labor social (llenando el vacío del Estado), sobre todo en países con grandes índices de pobreza, debemos sumar la caída de las remesas. El Banco Mundial prevé que las remesas mundiales disminuyan 20% en 2020. Con base a sus cálculos esta sería la mayor caída en la historia reciente. En la misma línea, BBVA calcula para México que las remesas pueden tener una disminución hasta 21% entre 2020 y 2021 y tardar hasta 10 años en recuperarse. La combinación de estos dos factores generará más pobreza, inestabilidad social, desigualdad y probablemente más inseguridad. En el caso de México puede haber un tercer factor. Debido a las contracción económica en Estados Unidos esto puede provocar un éxodo importante de migrantes no documentados al no encontrar oportunidades ni trabajo en Estados Unidos. Durante el 2008 (según un reportaje del New York Times) regresaron a México alrededor de 450 mil mexicanos al país. Es de esperar que en esta ocasión el número sea mucho mayor. A esto debemos agregarle el reciente anuncio del presidente Trump, relacionado con la cancelación de visas para migrantes y mayores controles fronterizos. Antes de esta pandemia ya vivíamos en un frágil equilibrio social y económico, equilibrio que vimos tambalear en muchos momentos en los últimos 20 años, desde la primavera árabe, el movimiento Okupa, entre otros. La gran pregunta es ¿cómo afectarán estos cambios y qué consecuencias tendrá para la convivencia social? ¿Provocará más protestas, marchas o estados de inseguridad todavía más insostenibles? Las medidas económicas que tome el Gobierno ante la actual pandemia, deben considerar estos escenarios y buscar alternativas para mitigar el impacto en la población con una mirada al mediano y largo plazo.
