En los últimos días del año recién terminado, generó gran revuelo la exhibición de la alcaldesa de Coalcomán, Michoacán, agradeciendo en sus redes al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación su generosidad. La presidenta Claudia Sheinbaum y Fiscalía General de la República ordenaron rápida y fulminante investigación, como si efectivamente estuvieran sorprendidos. Jorge Álvarez Máynez, líder de Movimiento Ciudadano (MC), partido que postuló a la alcaldesa, se deslindó y pidió rápida investigación. La acusada, Anavel Ávila Castrejón, simplemente lo negó todo.No es la primera vez que son exhibidos los vínculos de una alcaldesa o un alcalde con el crimen organizado. La única novedad es el descaro: nadie lo había hecho tan burdamente como ella. Pero más sorprende la hipocresía (quiero pensar que no es ingenuidad) de la presidenta y del Fiscal Gertz Manero. Si a estas alturas de la administración el Centro Nacional de Investigación (CNI) y la Secretaría de Gobernación no tienen una lista completa y depurada de los vínculos de los alcaldes con el crimen organizado, estado por estado y partido por partido, estamos fritos. Si de verdad la dirigencia de MC no sabe quiénes son realmente los pocos alcaldes que ganaron bajo sus siglas, no tienen remedio. Se hacen los sorprendidos porque nadie quiere asumir su responsabilidad. Todos los partidos, absolutamente todos, postularon candidatos, particularmente en las alcaldías, con vínculos con el crimen organizado y todos lo hicieron porque sabían que era la forma de ganar. Cada uno, PRI, PAN, MC y Morena, lo hicieron allá donde tienen fuerza y en algunos acasos lo hicieron recogiendo candidatos que no habían sido aceptados en otros partidos.¿Con qué cara la presidenta Sheinbaum va a reclamarle a MC haber postulado una candidata vinculada al crimen organizado en Michoacán cuando Morena lo hizo en Guerrero, Chiapas, Tabasco, Zacatecas o Sinaloa, por citar solo los estados más conspicuos? La intervención en las elecciones locales ha sido parte esencial del control territorial de los cárteles desde hace décadas. Comenzó desde hace 25 o 30 años, en los últimos días de la presidencia de Zedillo y en el sexenio de Vicente Fox. Cuando en un acuerdo absurdo, los partidos exigieron y chantajearon a Calderón para liberar a los alcaldes detenidos en el famoso “michoacanazo” (siete del PRI, dos del PAN y dos del PRD) abrieron la puerta a la narcopolítica. Fue un error gravísimo de Calderón haber cedido al chantaje, y los partidos son responsables de haberse convertido en cómplices de la estrategia de control territorial del crimen organizado.Las alcaldías son el primer eslabón de la política con el crimen organizado. Mientras no reconozcamos como país el problema y emprendamos acciones para recuperar los territorios, todo lo demás, incluyendo las caras de asombro de nuestra clase política, es solo un bello gesto de hipocresía.diego.petersen@informador.com.mx