Cuando las instituciones del Estado toman decisiones que no gustan al presidente López Obrador, su argumento es siempre el mismo: no representan al pueblo. Y es cierto, no podemos decir que los consejeros del INE sean una representación del pueblo, ni que los ministros de la Corte sean un retrato de los sectores populares de este país, como tampoco lo son los miembros del gabinete, a menos que pensemos que Tatiana Clouthier, Rogelio Ramírez de la O, Marcelo Ebrard, María Luisa Alcalde, Miguel Torruco, Adán Augusto López, Manuel Bartlett o el mismo Hugo López-Gatell son el pueblo, o a lo mejor son pueblo disfrazado y nos han engañado a todos desde hace años. En un país donde el promedio de escolaridad es de 9.7 años, la mediana de la población está alrededor de los 30 y 44 de cada cien viven en situación de pobreza, el gabinete está lejos de representar los intereses del pueblo. Representan, eso sí, la visión de un gobierno elegido a través del voto popular.Pueblo es una categoría tan amplia como indefinida. En realidad, pueblo somos el conjunto de personas que vivimos en una comunidad, región o país. Un gobierno es más o menos popular (no en el sentido de aceptación sino de representación) en la medida en que se parece más a la comunidad y atiende los intereses de un mayor número de personas. El poder emana del pueblo, dice la Constitución. Por ello, solo el pueblo puede elegir a los titulares del Poder Ejecutivo y su verdadera representación está en la Cámara de Diputados. Ni los consejeros del INE ni los ministros de la Corte representan al pueblo. Los primeros son especialistas en la materia electoral elegidos por la representación popular, la Cámara de Diputados. A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no los elige el pueblo sino el Senado, la representación de la República, a propuesta del presidente. En ambos casos existen requisitos de elegibilidad, como formación académica, experiencia, especialización, etcétera. En ninguno de los dos casos el objetivo es que representen al pueblo, sino que cumplan funciones específicas: los consejeros electorales deben garantizar que las elecciones cumplan con los requisitos de ley y que todos los votos cuenten y se cuenten bien. Los ministros y magistrados del Poder Judicial deben garantizar que las leyes se apliquen e interpreten correctamente. Nada más.El gran riesgo del populismo es justamente esta confusión de roles. Pedirle a la Corte que falle en función del interés popular o que los consejeros electorales se elijan por voto directo es romper con la institucionalidad en aras de una supuesta interpretación de la voluntad del pueblo. La voluntad popular está en la Cámara de Diputados, y la ley es la ley, aunque al presidente le parezcan cuentos.diego.petersen@informador.com.mx
