Con el inédito caso del desistimiento que hizo el gobierno de Estados Unidos de los cargos por narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos, ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional en el pasado sexenio que encabezó el priista Enrique Peña Nieto, podríamos decir que la realidad superó a la ficción que, por ejemplo, se presentó en la serie Narcos de Netflix, en el capítulo en el que se proyecta el desconcierto y la furia de los agentes de la DEA, porque su gobierno, por acuerdos con las autoridades mexicanas, les ordena detener las investigaciones contra el capo Miguel Ángel Félix Gallardo tras el asesinato en Guadalajara de su compañero Enrique “Kiki” Camarena en la década de los ochenta.El caso Cienfuegos ha provocado ya públicas y explícitas reacciones de inconformidad de elementos de esta agencia de seguridad estadounidense, en el sentido de que no pueden entender que luego de haber detenido al funcionario mexicano de más alto nivel tras una larga investigación que acreditaba su vinculación con el narcotráfico, como nunca había sucedido, lo entreguen de una día para otro, como último regalo de Donald Trump al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por los servicios recibidos. Su molestia, exponen, es porque temen que, más que procesarlo, las autoridades mexicanas lo protejan.Por eso, como lo planteé ayer aquí, el Presidente está ante la disyuntiva de cumplir su palabra, que reiteró ayer en su rueda de prensa mañanera, de que la Fiscalía General de la República (FGR) llegará hasta las últimas consecuencias en la investigación que inició luego de su detención el 14 de octubre en Los Ángeles, California, y de la que ayer, a su llegada a México, se le notificó; o transitar el ya muy andado camino de la simulación y la impunidad para no tensar nuevamente sus relaciones con el Ejército, institución con la que co-gobierna el País, o en el peor de los casos, por complicidad o incapacidad de combatir la infiltración delincuencial en el Ejército Mexicano.López Obrador insistió ayer que México “ya cambió” y que no le “fallará al pueblo”. Si el Presidente quiere por fin pasar de las palabras mañaneras a los hechos, necesariamente tendrá que andar un camino nunca transitado por gobierno mexicano alguno. Están ahí los casos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuyas tres detenciones aquí en nada sirvieron para debilitar a los cárteles de la droga y nada se supo de la investigación sino hasta que fue extraditado a los Estados Unidos, o la detención de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad, en el sexenio de Felipe Calderón, que también está preso en EU sin que aquí repercuta en detenciones o nuevos juicios. El caso Cienfuegos es distinto porque compromete al gobierno mexicano a actuar. En Estados Unidos dijeron confiar que México no dejaría el caso impune, y como sabe de las imputaciones al general, seguirá muy de cerca el caso. Esa es la desafiante ruta que deberá inaugurar, como su gran prueba de fuego verde, la 4T. jbarrerar@gmail.com
