En libertad preventiva, y apenas con un brazalete electrónico, así enfrentará Emilio Lozoya Austin los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero que se le imputan por la vinculación a dos carpetas de investigación por las tramas de corrupción de pagos de dinero a cambio de contratos y de compra irregular de una planta de fertilizantes, respectivamente, de la brasileña Odebrecht y de Altos Hornos de México. Parece un mal precedente que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, acepte la comisión de esos delitos y que se le permite enfrentar las acusaciones legales en libertad preventiva, cuando miles de mexicanos están en prisión por apenas haber robado un desodorante de una tienda. De las dos audiencias de control del martes 28 y miércoles 29 de julio, vía remota desde un hospital privado de la Ciudad de México debido a las alegaciones de salud del imputado, se pueden extraer algunas claves que muestran el posible desenlace de este juicio, de acuerdo a las notas y crónicas de estas audiencias. 1. Se declara inocente, pero admite que se cometieron delitos. Aunque en ambas audiencias de control se dijo no responsable de los delitos imputados, sostuvo que aceptó la extradición de manera voluntaria, para cooperar con las autoridades con las investigaciones señaladas. 2. Se dice instrumentalizado por un “aparato organizado de poder”. El punto clave de la defensa de Emilio Lozoya consiste en aceptar que ocurrieron esos hechos delictivos, pero de los cuales él no fue responsable. “Fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado…”, dijo Lozoya ante el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza. Según la declaración de sus abogados: “en el marco de los hechos señalados por las y los agentes del Ministerio Público de la Federación, el señor Emilio L. fue utilizado en su calidad de instrumento no doloso, en el marco de un aparato organizado de poder que se alejó del derecho de cara a la comisión de hechos como los referidos por la representación social el día de hoy”. 3. Colaboración de Lozoya con la FGR: en las audiencias quedó confirmado el proceso de colaboración de Emilio Lozoya y su defensa, con los fiscales y funcionarios de la Fiscalía General de la República (FGR). En un momento de la primera audiencia resaltó que hay un acuerdo entre la FGR y el imputado por lo que entiende que están “allanados”. Además Lozoya aceptó la vinculación a proceso, pero a cambio no le dan prisión preventiva, sino que le ponen un brazalete electrónico. 4. Buscar criterio de oportunidad. Toda la estrategia de defensa de Lozoya consiste en conseguir el criterio de oportunidad (artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales) con lo que busca evitar vinculación a proceso, en el mejor de los casos, o reducir su pena de manera significativa, y al mismo tiempo conservar algunas de sus propiedades como la casa de Lomas de Bezares, que según la FGR compró con dinero depositado por AHMSA, a cambio de la compra irregular de Agro Nitrogenados, pero que según Lozoya compró desde antes de ser director de Pemex. 5. El punto clave de la estrategia de defensa de Lozoya: consiste probar que fue presionado e intimidado por un “aparato organizado de poder” para ser partícipe en los delitos imputados, es decir los casos de soborno por parte de las empresas Odebrecht y Agro Nitrogenados. Aunque su defensa dijo que en su momento su defendido daría a conocer nombres y hechos específicos, es una deducción obvia que por “aparato organizado de poder” se refiere el grupo político que comandaba su jefe Enrique Peña Nieto y el grupo que controlaba el poder Ejecutivo y eventualmente partidos y gubernaturas en el sexenio anterior. Si logra hacerlo, podríamos estar ante el mayor caso denunciado de corrupción en la historia reciente. Si no logra probarlo, Lozoya enfrentará los delitos en solitario. Parecen avances relevantes los que se han conocido en estas dos audiencias, pero también hay indicios de que nos podemos quedar con un mal sabor de boca y que se repita el resultado de un juicio como el del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte: una burla de juicio con que terminó con una pena reducida y sin reparación del daño al quebranto del erario: de la denuncia de desfalco por 40 mil millones de pesos, Duarte apenas pagó multa por 58 mil pesos. En Pemex y en la compra de Agro Nitrogenados los quebrantos al patrimonio fueron mucho más grandes en Veracruz, ¿quién resarcirá esos daños? Este es un punto en el que ha insistido la organización Tojil, un despacho de abogados que ha solicitado que la sociedad mexicana sea considerada en el juicio contra Lozoya como víctima y de ese modo buscar un juicio justo y transparente, que a la vez busque la reparación del daño. Hasta ahora no hay indicios de que eso ocurra en el juicio contra Lozoya.
