Fuera de la urgencia y la prioridad con la que deben atender el problema de la inseguridad y la violencia, que obliga al nuevo Gobierno federal que encabezará Andrés Manuel López Obrador y a los gobernadores y alcaldes a limar asperezas y a cerrar filas para combatir a los grupos delincuenciales y cumplir sus promesas de pacificar al país, sus estados y municipios, el debate sobre el Federalismo que este tema detonó debe ser bienvenido.Ahora los gobernadores panistas encabezados por el de Chihuahua, Javier Corral (que ya había reclamado al Presidente saliente Enrique Peña Nieto la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda para asignar recursos extras a los Estados con una lógica político-electoral y de control para premiar a los gobernadores leales y castigar a los rebeldes) y el gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro, han centrado sus críticas en la figura de los superdelegados que quedaron ya formalizados en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los ven como una amenaza al Pacto Federal y desconfían de ellos por ser, en muchos casos, los ex candidatos de Morena a la gubernatura de sus respectivos estados, como el caso aquí de Carlos Lomelí.El otro gran tema que cuestionan es el de la asignación presupuestal que el nuevo Gobierno federal pretende hacer a las entidades. Alfaro, por ejemplo, asegura que ninguno de los proyectos estratégicos de su Administración para los que pidió el apoyo del Gobierno federal que inicia el sábado próximo, están contemplados en el presupuesto. Ayer se sumó a la exigencia de un nuevo trato de la Federación a los estados, Silvano Aureoles, quien llegó al Gobierno de Michoacán por el PRD, y que anunció la imposibilidad de seguir pagando a los maestros por insuficiencia presupuestal. Es urgente, dijo, un nuevo convenio de coordinación fiscal entre los tres niveles de Gobierno. Por una Cuarta Convención Hacendaria se pronunció también el domingo en la FIL, en el Foro Federalista Prisciliano Sánchez, el senador naranja por Nuevo León, Samuel García, quien preside la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal en la Cámara alta. Esto para modificar que el Gobierno federal recaude el 97 por ciento de los impuestos y gaste el 80 por ciento, mientras que las entidades cobran el 2 por ciento y gastan el 16 por ciento, y los municipios apenas cobran el 1 por ciento y gastan el 4 por ciento.Es claro, pues, que tanto en el tema político, como en el fiscal, y desde el origen mismo de nuestro Pacto Federal han existido graves omisiones y disfuncionalidades que es oportuno tratar de corregir para que mejore este sistema de organización política en beneficio de los ciudadanos.Ante la tentación autoritaria del nuevo Gobierno federal de querer acrecentar el centralismo, es sano que los gobernadores y alcaldes se asuman como un contrapeso, siempre y cuando demuestren en sus propias administraciones mayor rendición de cuentas y apertura a la fiscalización, que ponga fin a los cacicazgos locales tolerados por el Tlatoani presidencial, en los que ha degenerado nuestro siempre incipiente Federalismo, que nació por decreto.
