México por su posición geográfica y composición social comparte mucho más que tres mil kilómetros de frontera y treinta millones de emigrantes. Está ligado a la región económica más desarrollada del mundo compartiendo ineludiblemente la ruta para navegar el futuro. Esta visión integradora contrasta con la propuesta de aislarse mediante barreras económicas y muros que hemos vivido en los últimos cuatro años. Esta perspectiva es parte de la recomposición de la política exterior estadounidense anunciada por Joe Biden que supone dejar de lado la política basada en posiciones radicales y la inestabilidad emocional como estrategia del America First. Las amenazas disonantes sobre el muro, la imposición de aranceles, las negociaciones del TMEC y las presiones en materia migratoria son algunos de los episodios más difíciles que la diplomacia mexicana ha enfrentado. La administración del Presidente López Obrador ha logrado sortear la tormenta pero la mar sigue agitada y requiere de ajustar la ruta.Aunque la forma ríspida cambiará en favor de planteamientos más profesionales, la nueva política seguramente se centrará en criterios objetivos para defender los intereses conjuntos de los Estados Unidos. Entre ellos destacan la integración económica de la región, la perturbadora violencia criminal, el magro desempeño del estado de derecho, la lenta evolución judicial, la calidad democrática, la revisión de la política energética, el retroceso educativo y los estándares laborales que se mantienen en un nivel precario según algunos líderes demócratas. Aunque estos asuntos son temas internos, son considerados de interés bilateral con esta perspectiva integradora por sus consecuencias en ambos lados de la frontera. Igual visión seguramente tendrá la política migratoria que será revisada dada la enorme experiencia de Biden cuando participó en la iniciativa de Alianza para la Prosperidad para el Triángulo Norte impulsada por el Presidente Obama. En parte esa aproximación coincide con lo planteado por la Cancillería para atender las causas de la emigración y procurar mayor igualdad y reforzar la calidad de las instituciones en Centroamérica, abriendo la puerta a una colaboración que probablemente pasará por exigir estándares de respeto a los derechos humanos en esas naciones. Los ojos de este nuevo enfoque diplomático se fijarán más en aspectos relacionados con la aplicación de la ley y pueden generar presiones en temas como la política energética en la que la actual administración ha centrado en la preponderancia de Pemex y la CFE, afectando intereses de compañías extranjeras que seguramente la nueva administración de Biden va a defender, dado su compromiso con las energías limpias, la lucha contra el cambio climático y el cumplimiento de normas ambientales. La revisión de la política de seguridad en materia de narcotráfico implicará una nueva etapa de colaboración con reglas distintas, mayor compromiso en el tráfico de armas y al mismo tiempo acciones para reducir el tráfico de drogas, mejorar las acciones policiales conjuntas y la coordinación judicial, lo que puede generar más exposición de la realidad mexicana en Washington. Estamos probablemente en el inicio de una nueva era en la que la política exterior de los Estados Unidos mirará a los asuntos mexicanos como parte de su seguridad y expansión económica estableciendo barómetros más estrictos en el desempeño de las instituciones. Con esa perspectiva no es difícil imaginar que se desplieguen esfuerzos para un relanzamiento de la relación bilateral a partir del 20 de enero que puede incluir el encuentro entre los presidentes como un hecho simbólico. La actividad diplomática se intensifica para encontrar las convergencias que permitan una evolución necesaria para ambas naciones, que traiga beneficios compartidos tangibles en el corto plazo y deje atrás el capítulo obscuro de la confrontación supremacista. Para compartir el futuro es necesario mirarlo desde una perspectiva común que hay que reconstruir a partir del diálogo respetuoso.
