El caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, situada en Atotzinapa en el Estado de Guerrero, es un símbolo de la ineficacia de las instituciones de seguridad y justicia de nuestro país. Al grado que se formó en el Gobierno federal, una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. El eco de estos hechos lamentables llegaron a muchas partes del mundo formando una ola de reclamo e indignación. Ríos de tinta corrieron para señalar una terrible muestra de la violencia en México. La ola se convirtió en marea de indignación que contribuyó al impulso social del potente triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. Han pasado años y se mantiene la razón moral y política que exige llegar al fondo de la verdad en este, como en lamentablemente miles de casos de personas desaparecidas. Como respuesta a los justos reclamos en el caso, las autoridades dieron a conocer el informe de la comisión referida; y casi de forma simultánea fue detenido el ex procurador General de la República, en un hecho sin precedentes, marcando un nuevo paradigma de actuación en el caso de la desaparición de personas por parte de la Fiscalía. En el informe presentado el pasado día 18 de agosto se lee: “La desaparición… constituye un crimen de Estado en el que concurrieron integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado Mexicano” (p. 93). “La creación de la ‘verdad histórica’ fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del Gobierno, que ocultó la verdad de los hechos, alteró las escenas del crimen, ocultó los vínculos de autoridades con el grupo delictivo y la participación de agentes del Estado, fuerzas de seguridad y autoridades responsables de la procuración de justicia en la desaparición de estudiantes” (p. 97). También se afirma que hay 33 personas investigadas, entre ellas 10 funcionarios federales y 17 municipales. Parte fundamental de estas afirmaciones se deriva de las actuaciones judiciales en los procesos que desde 2014 se llevan a cabo y que han desvirtuado muchas de las pruebas exhibidas. Y otras personas han fallecido, entre ellos algunos de los señalados como responsables operativos presuntamente parte de grupos criminales.El valor simbólico del asunto ahora cobra mayor relevancia y desata una enorme expectación respecto a las consecuencias políticas de estas acciones judiciales. Si se ha roto un pacto de silencio o si estamos en el principio de un conjunto de acciones que concentrarán la atención de la opinión pública en los meses por venir, son solo especulaciones. Lo que sí es realidad dura es que el asunto será un escaparate que pondrá a prueba las instituciones de la fiscalía federal y del Poder Judicial, que al fin de cuentas serán quienes protagonizarán, junto a los señalados, los procesos. De la descripción de los hechos del nuevo informe presentado se están tomando las acciones y de la solidez de las nuevas pruebas y de la pulcritud técnica con las que cuenten las actuaciones dependerá el juicio que los años por venir darán estas trascendentes decisiones. Por lo pronto, además de la expectación nacional también el asunto será objeto de observación internacional, por lo que habrá que estar atentos a las reacciones de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos de la ONU o de las que se crearon para reforzar las investigaciones.El caso de Ayotzinapa vuelve a ser un punto de referencia política en el último tercio del mandato presidencial que influirá en el ánimo y la reflexión colectiva. Una prueba a la capacidad de la administración de justicia y a la voluntad política de construir una solución de fondo al problema de la impunidad, y un precedente que compromete a no cometer los mismos errores a los que conduce el priorizar la política sobre la verdad; cuando se pretende imponer la percepción a la realidad. luisernestosalomon@gmail.com
