Altamente preocupante fue escuchar ayer al Presidente Andrés Manuel López Obrador en su mañanera, y después a los principales responsables de la seguridad del gobierno de la 4T en una rueda de prensa a mediodía, hablar sobre todos los actos de narco-terror que sufrieron los ciudadanos en Jalisco, Guanajuato, Chihuahua y Baja California, en los que hubo incluso víctimas mortales como pasó aquí y en Ciudad Juárez.Pese a todas las peticiones que distintos sectores le han hecho al gobierno federal de revisar y ajustar su estrategia de contención de la delincuencia y combate al narcotráfico, ayer no hubo asomo alguno de autocrítica, sino una andanada de declaraciones autocomplacientes y triunfalistas.Fueron desde la visión presidencial del complot de los conservadores y el amarillismo de los medios que “exageran” los hechos para afectar a su gobierno, pasando por la afirmación del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de que la política de seguridad es la correcta, hasta la fantasiosa mirada del subsecretario de seguridad, Ricardo Mejía, en el sentido de que los ataques eran golpes propagandísticos de los grupos delincuenciales, que están debilitados por los decomisos que han hecho de las drogas que trafican.Quedó comprobado así que el autollamado gobierno de la cuarta transformación ignoró olímpicamente las peticiones de la Iglesia católica mexicana y de la comunidad jesuita, que durante tres semanas convocaron a las Jornadas de Oración por la Paz luego del asesinato de dos jesuitas y un guía de turistas de Chihuahua a manos del narco, y que tenía como uno de sus objetivos el cambio de la política de los abrazos y no balazos. Este cuadro empeora si vemos que también en estados y municipios se apela sólo a la retórica, y lo más grave, con muy desafortunados posicionamientos que prueban el muy mal ejemplo que puso el gobierno amlista con el “Culiacanazo”, de octubre de 2019, cuando las milicias del narco doblaron al Ejército mexicano y obligaron a López Obrador a ordenar la liberación de Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo.Una fue la del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de los narcobloqueos de hace una semana, cuando se le preguntó porque no se había detenido a ninguno de estos agresores a la población de la zona metropolitana, y respondió que fue para no complicar más la situación. Vino después la involuntaria revelación de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, de su apuesta por la pax narca, al pedir a los capos y sus sicarios que fueran a cobrarle las facturas a los que les debían, pero no a la población. Ante tanta retórica que hace aparecer a las autoridades con más empatía hacia los grupos delincuenciales que hacia los ciudadanos que dicen representar, ayer colectivos mexicanos de los más diversos signos llamaron a la ONU a decretar a México como un país asediado ya por el terrorismo, y a cuyo gobierno se le debe apoyar desde el exterior para enfrentarlo.jbarrera4r@gmail.com
