Además de pasar a la historia como el gobernador que más endeudó a Jalisco en su historia reciente y en cuyo sexenio más homicidios y desapariciones se cometieron, Enrique Alfaro será recordado como uno de los políticos más intolerantes al trabajo y a la crítica periodística.Señales de su desprecio al escrutinio de su actividad como funcionario público o como actor político lo mostró casi desde los inicios de su carrera cuando intimidó en una llamada telefónica a un periodista de Tlajomulco. Sus desencuentros con las y los periodistas fueron presentándose cada vez con más frecuencia, desde su candidatura fallida a gobernador en 2012, por su paso por la alcaldía de Guadalajara y desde el principio y a lo largo de su sexenio como mandatario estatal desde finales del 2018.Desde minimizar y descalificar el trabajo de periodistas y medios incómodos llamándolos “periodiquitos”, hacer en repetidas ocasiones videos para enviar regaños y hasta pedir el despido de directivos y comunicadores bajo la amenaza de retirar pautas publicitarias en periódicos, radiodifusoras y televisoras (ese abuso de poder lo padecí en carne propia, no en uno sino en varios medios), fue otra de las medidas de presión que estiló durante su carrera política, que según anunció, cerrará cuando concluya su actual gestión en diciembre próximo.Su última muestra de intolerancia a la crítica periodística vino el lunes pasado cuando aprovechó su regreso de vacaciones para despotricar contra esta casa editorial y sus propietarios Carlos y Juan Carlos Álvarez del Castillo, en uno de sus videos en redes.El enojo de Alfaro vino por las publicaciones de EL INFORMADOR en torno a la contaminación del Río Santiago, de la inseguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara y por las deficiencias y quejas de los usuarios del servicio de transporte público.Basta cruzar algunos datos para poner en perspectiva los resultados en estas importantes agendas, más allá del discurso triunfalista que sale a diario de Casa Jalisco, aunque sus narrativas choquen con la realidad.Aunque el gobierno estatal se jacté de haber invertido 4 mil 600 millones de pesos en el saneamiento del Río Santiago, el ecocidio continúa y así lo denuncian quienes habitan en las comunidades aledañas que lograron que en 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera una recomendación a México para que adoptara las medidas necesarias para preservar la vida y la salud en comunidades de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, sin que su situación cambie a la fecha. En el caso de la inseguridad, las cifras de delitos a la baja palidecen contra los asesinatos de alto impacto que ocurren a plena luz del día en sitios ampliamente transitados y con los más de 10 mil asesinatos que van en su administración contra los 8 mil 144 del sexenio pasado en Jalisco. Y respecto al 8.1 de calificación en el transporte público según una encuesta del propio gobierno, los usuarios, por distintos medios, la descalificaron, además de que expertos cuestionaron su metodología.Así, pues, quedará marcada esta fobia de Alfaro en los archivos de EL INFORMADOR, que el 5 de octubre próximo cumple 107 años.jbarrera4r@gmail.com
