Va de nuevo. La tarifa del transporte público vuelve a ser tema, pero no producto de una política pública sino de la ausencia de ésta. Ahora fue el Tribunal Administrativo (quién más) el mismo que otorgó una suspensión a un grupo de camioneros para que sigan circulando por la Calzada Independencia, quien amparó a dos rutas para que puedan cobrar nueve pesos.No sé si tengan razón los camioneros, probablemente sí, en el sentido de que la bocabajeada y nunca atendida comisión de tarifas del transporte público ha insistido en que, de acuerdo con los estudios de costos, esa debería de ser la tarifa en la zona metropolitana, aunque no en el sentido de que el servicio sigue siendo igual de malo si no es que peor. El Gobierno de Aristóteles Sandoval ha usado la tarifa como forma de presión para la transformación del servicio, sin resultado alguno. Hasta ahora esta ha sido una batalla de puros derrotados; perdieron los transportistas, perdió el Gobierno y sin duda los usuarios, pues el servicio es cada día más deficiente.El reto le queda ya al nuevo Gobierno. El actual no hará sino administrar la crisis de aquí a diciembre; tampoco puede hacer mucho más en las semanas que quedan y con el poder político en declive. El gobernador electo, Enrique Alfaro, designó ya a Diego Monraz como próximo secretario de Movilidad. Monraz no es un improvisado en el campo: fue secretario de esa dependencia en el sexenio de González Márquez y el encargado de poner en marcha el Macrobús. Conoce, pues, las mañas de los transportistas y la complejidad del gremio. Cuando fue secretario trató, sin éxito, de imponer las rutas empresa en sustitución del absurdo e incosteable modelo hombre-camión, pero no lo logró: el marco legal no lo favorecía. Hoy se enfrentará al mismo problema, con los mismos actores, pero con una ley distinta.El marco legal no basta. El Gobierno saliente nos presumió la nueva Ley de Movilidad como uno de los grandes logros, sin embargo, su efecto sobre el transporte público en la ciudad fue escaso. Transformar al pulpo camionero requiere inteligencia, ordenamiento legal, pero sobre todo fuerza política. Cuando Aristóteles Sandoval la tuvo, en el primer periodo de su sexenio no lo hizo, quizá porque no pensó perder el Congreso y los gobiernos de la zona metropolitana. La oportunidad para la nueva administración será el primer año: al echar a andar la Línea 3 del Tren Ligero se abrirá una ventana de legitimidad en el momento de mayor fuerza, algo que no ha tenido ninguno de los últimos gobernadores. Con todo, será una batalla ruda en la que Alfaro tendrá que empeñar su capital político.(diego.petersen@informador.com.mx)
