Dos declaraciones en torno al trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) hechas la semana pasada, una del propio gobernador y otra del coordinador de Seguridad del Gabinete, obligan a parar antenas sobre la concepción que tiene la actual administración en materia de Derechos Humanos y las implicaciones que ello tiene.Primero fue el gobernador, Enrique Alfaro, quien ante la advertencia de la Comisión de que podría actualizar y hacer una nueva macro recomendación sobre la situación del Río Santiago, subió un video donde acusó a los funcionarios de la Comisión de querer “justificar su cheque” haciéndole a él, el paladín para el rescate del río, una recomendación sobre el tema. Unos días después, Macedonio Tamez, en una respuesta por demás desafortunada, dijo no tener tiempo para leer una recomendación “de medio kilo” sobre la situación del Servicio Médico Forense (Semefo). Vamos a suponer, por un momento, que ambos tengan razón, pues es cierto que el Gobierno de Alfaro se ha comprometido como ninguno con el saneamiento del río y que quizás las recomendaciones sean demasiado largas, pero eso no le da derecho, a ninguno de los dos, a responder como respondieron, uno con prepotencia, otro con displicencia, a una institución del Estado que está ahí justamente para generar contrapesos al ejercicio del poder, para evitar las actitudes prepotentes o displicentes del Gobierno en turno.Nuestra clase política ha hecho todo lo que está en sus manos para acabar con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Han intentado corromperla con bonos y sueldos exorbitantes, tomarla a base de repartirse las plazas internas, poner al frente a personas cercanas al Gobierno en turno y ahora desacreditarla. Lo peor que podríamos hacer los ciudadanos es caer en el juego de los políticos. Con todos sus defectos, la Comisión es, hoy por hoy, uno de los pocos mecanismos que tenemos los ciudadanos para contrarrestar los abusos de poder que le son propios al ejercicio de éste, independientemente de las buenas o malas intenciones de quien lo ejerce. Lo único que tiene la Comisión, lo dijo con mucha claridad hace años la ex presidente Guadalupe Morfin, es la fuerza de su voz, una fuerza que viene de la legitimidad de sus acciones y del respaldo de la sociedad. El asunto es muy sencillo: si permitimos que las autoridades respondan con prepotencia o displicencia y no con argumentos las recomendaciones de la CEDH, nos estaremos haciendo un harakiri social. No nos equivoquemos, aquí no hay bandos, todo poder requiere contrapesos, organismos de derechos humanos, sociedad civil, prensa libre, oposición en los congresos. No permitamos que quienes tienen temporalmente el encargo de representar al poder del Estado, los insulten, desprecien o ninguneen, porque lo que sigue, irremediablemente, es el abuso de poder.(diego.petersen@informador.com.mx)
