Tras la reunión del lunes pasado entre el gobernador electo, Enrique Alfaro, y el fiscal anticorrupción, Gerardo de la Cruz, en la que el próximo titular del Ejecutivo estatal le ofreció “respeto absoluto a su autonomía” y todo el apoyo de su Gobierno “para que tenga lo necesario para cumplir con su función” por considerar ejemplar su proceso de selección, es oportuno voltear de nuevo al tortuoso arranque que ha tenido la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que nació el 1 de noviembre pasado, sin titular y sin una sede dónde operar.De los recursos a cuentagotas que la autoridad estatal le ha dado a esta nueva dependencia, que es parte del nuevo Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), hemos dado cuenta aquí desde su peregrinar inicial por diversas dependencias, como la Contraloría estatal; la entrega en mayo de un edificio que continua sin servicio telefónico; hasta la falta de vehículos y el personal necesario para regularizar su operación mínima, no lograda hasta hoy.Pero lo más preocupante es que la falta de ministerios públicos, agentes investigadores especializados en temas anticorrupción, equipo tecnológico y herramientas de trabajo no es lo único que ha obstaculizado el funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción. A la falta de manos para ir por los corruptos se ha sumado la saturación de trabajo por enviar a esa nueva dependencia, carpetas de investigación que nada tienen que ver con el combate a la corrupción y a la impunidad.Por las prisas en el trabajo legislativo para la creación de esta Fiscalía Especializada no quedaron bien establecidos los criterios para definir qué delitos de funcionarios públicos causan algún daño al erario, para que sean esas carpetas las únicas de las que se ocupe esta nueva instancia. Urge, en ese sentido, que en el Congreso revisen el Título Séptimo de esta materia y se delimiten debidamente los expedientes que tenga que ver la Fiscalía Anticorrupción, que está ya rebasada con más de 900 expedientes, 50% de los cuales son, por ejemplo, de abuso de autoridad y de tortura, que nada tienen que ver con actos de corrupción.Si, de por sí, esta nueva Fiscalía con la que, por primera vez, se quiere combatir en serio la corrupción y la impunidad no ha podido funcionar como quisiéramos por falta de recursos humanos y técnicos, menos lo hará si se le dan tareas que no le tocan y sólo la distraen.Debe arreglarse eso ya para que, como espera el próximo gobernador, y seguramente la mayoría de los ciudadanos jaliscienses, el primer fiscal anticorrupción de Jalisco marque “un precedente en la lucha contra la impunidad en nuestro país”. Ya, de paso, se podría investigar también si esta pifia legislativa fue solo incapacidad o dolo de algunos de la clase política para ganar más tiempo sin castigo a sus corruptelas.jbarrera4r@gmail.com
